BOGOTÁ.- Más de 2.000 personas, entre ellas funcionarios públicos, conformaron una red de corrupción electoral que operó en varios municipios de Colombia y de la que se habrían beneficiado al menos dos congresistas elegidos en los comicios legislativos del pasado 11 de marzo.
Así lo informó hoy el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez (foto), quien presentó en una rueda de prensa en Bogotá los resultados de la operación denominada «Casa Blanca».
Los beneficiados de esta red, a la que Martínez tildó de «nauseabunda», son el senador electo Fabián Castillo, del partido Cambio Radical, y la representante a la Cámara Margarita Restrepo, del partido uribista Centro Democrático.
El expediente reza que Restrepo habría ofrecido a los votantes viajes subsidiados a la isla de San Andrés, aparatos electrónicos y televisores «siempre y cuando los votantes se comprometieran a votar por ella» en los pasados comicios legislativos.
Al respecto detalló que se logró confirmar que 55 personas viajaron a San Andrés, pero otros no recibieron el pago y denunciaron ante la Fiscalía a la campaña por «estafa».
La red buscaba favorecer candidaturas al Congreso, aunque no logró beneficiar a la aspirante a la Cámara Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, aunque también se le imputarán cargos por los delitos de concierto para delinquir y corrupción de sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
Los resultados de las investigaciones reveladas por el fiscal Martínez, que no dan detalles sobre las irregularidades en las que habría incurrido Castillo, hacen parte del sonado caso de la congresista Aída Merlano, del Partido Conservador, detenida después de las legislativas por supuesta compra de votos y recluida desde el pasado 19 de abril en la Cárcel del Buen Pastor en Bogotá.
La Fiscalía envió copias de las investigaciones a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a Castillo y Restrepo.
Entre los dirigentes políticos vinculados a la red criminal están los diputados del departamento del Atlántico Jorge Rangel y Margarita Balén, al igual que los concejales del distrito de Barranquilla (capital del Atlántico) Juan Carlos Zamora y Aissar Castro Bravo.
También los exconcejales Aissar Castro Reyes, su padre, Carlos Castro, y Vicente Támara, excabildante del municipio de Soledad, vecino de Barranquilla, a quienes se les imputarán cargos por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
La «empresa criminal» se financió, dijo Martínez, con dineros públicos y privados.
Entre los financiadores privados estaba el empresario Julio Gerlein Echeverría y su hermano Mauricio Gerlein Echeverría, quienes serán llamados a interrogatorio y son hermanos del excongresista Roberto Gerlein.
Según Martínez, en esta segunda fase de investigación se revisaron 2.112 horas de video en las que se descubrió que la organización también operó en el 2015 en las elecciones regionales.
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