El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró este viernes que la demanda de inconstitucionalidad a la ley que prohíbe la publicidad estatal en medios de comunicación privados se sustenta en una sólida posición.
En declaraciones desde la ciudad de Arequipa, tras participar en una nueva edición del Muni Ejecutivo, explicó que la norma, aprobada por insistencia en el Congreso, “no regula, sino que prohíbe”.
“Nosotros estamos aconsejados por el Ministerio de Justicia y como hemos visto es sólida la posición. Respetamos las opiniones políticas que puedan hacer algunos representantes de los partidos políticos; sin embargo, en este caso no lo compartimos, estamos muy bien asesorados”, manifestó.
El mandatario precisó que con esta normativa no se podrá difundir temas tan importantes como la lucha contra la anemia y la estrategia contra las heladas y el friaje que afectan a diversas partes del país.
“Ese tipo de campañas no lo podemos hacer, entonces, hay una gran limitación, y esperamos que finalmente el Tribunal Constitucional determine lo conveniente”, indicó.
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Asimismo, refirió que la norma solo permitirá que la publicidad se pueda desarrollar a través de los medios del Estado, aunque estos “no llegan a toda la población”.
“Entendemos que no se puede hacer un despilfarro, regulación sí, prohibición no”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la prohibición de poder publicar avisos en medios de comunicación privados no solo afecta al Gobierno, “sino a todos los peruanos”.
Por su parte, el ministro de Justicia, Salvador Heresi, recordó que la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Poder Ejecutivo tiene como fundamento de forma que la norma “no fue vista en comisiones, tal como señala la tradición parlamentaria”.
“Al ser una ley tan polémica, debió tratarse en el pleno del Congreso, pero se aprobó en la Comisión Permanente y el presidente de la República la observó, y, cuando retornó al Legislativo no pasó nuevamente por los grupos de trabajo, sino que se aprobó por insistencia”, comentó.
En cuanto a los fundamentos de fondo, sostuvo que colisiona con la Constitución al prohibir el derecho de estar informado de la población, así como la obligación del Estado a dársela.
“Es una ley que tiene una premisa equivocada porque no regula, sino prohíbe. Además, hay una colisión con la libertad de expresión y la economía de mercado”, agregó.
ANDINA/Foto internet-medios
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