GINEBRA.- El equipo legal del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva defendió hoy en Ginebra la inocencia del exmandatario y denunció a las autoridades judiciales brasileñas por haberlo procesado, juzgado, condenado y encarcelado sin fundamento.
El letrado australiano Geoffrey Robertson y la abogada brasileña Valeska Teixeira Zanin Martins ofrecieron en Ginebra una rueda de prensa en la que denunciaron que todo «el proceso contra Lula es y ha sido excepcional y único en el mundo por la falta de cumplimiento de los estándares legales«, según afirmó la jurista.
Denunciaron que el exmandatario «está encarcelado incomunicado», lo que Martins definió como «tortura psicológica» dado que, afirmó, solo puede ver a su familia y a sus amigos una vez por semana, además de a sus abogados.
Asimismo, sus letrados pusieron énfasis en que fue condenado sin pruebas.
Valeska Teixeira Zanin Martins y Geoffrey Robertson, defensores legales de Lula.
«Nunca se probó que tomara un céntimo de dinero público, todas las pruebas y todos los testimonios así lo dijeron, y a pesar de ello lo condenaron», denunció Martins.
Asimismo, Robertson subrayó el hecho de que Lula era el candidato del Partido de los Trabajadores para las elecciones presidenciales del próximo octubre y ahora se le prohíbe cualquier tipo de actividad política.
«Los otros candidatos están haciendo campaña y Lula ni tan siquiera puede otorgar entrevistas».
Los dos letrados concluyeron diciendo que Lula está «convencido que limpiará su nombre y que demostrará que es inocente, cueste lo que cueste», subrayó Robertson.
«Limpiaremos su nombre, demostraremos que la sentencia es ilegal y lograremos que pueda presentarse a las elecciones y que vuelva a ser presidente del país», concluyó Martins.
El pasado 22 de mayo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU rechazó la solicitud de la defensa del expresidente de Brasil para que este órgano dictaminara una medida cautelar en su favor para evitar que fuera encarcelado.
El Comité entendió que no se había probado que el Estado brasileño estuviera violando de forma irreparable algunos de los derechos de Lula incluidos en la Convención de Derechos Civiles y Políticos.
El Comité estudia desde 2016 una denuncia contra el Estado brasileño por supuesta «persecución judicial» de Lula.
La queja de fondo continúa y, dados los plazos establecidos para que todas las partes puedan expresar sus argumentos, la decisión final no se conocerá hasta como mínimo 2019.
La justicia condenó a Lula por corrupción por haber recibido un apartamento de lujo en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, a cambio de beneficiar a la constructora OAS en la adjudicación de obras públicas ligadas a la compañía estatal Petrobras.
Lula fue condenado en julio pasado a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, una pena ampliada en enero de este año a 12 años y un mes por un tribunal de apelación.
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