ZARAGOZA.- El Boletín Oficial de Aragón publicó este martes la «Ley de actualización de los derechos históricos », en la que esta región queda proclamada como «nacionalidad» y como «país» de raíz más que milenaria: «más de doce siglos de historia».
El texto que ahora ve la luz en su redacción definitiva es fruto de la incorporación de las enmiendas que fueron aprobadas en las Cortes regionales.
Esta ley ve la luz gracias a los votos del PSOE, los nacionalistas de la Chunta –que la han promovido-, Podemos, IU y el PAR –socio del PP en las Cortes Generales-, y el rechazo del Partido Popular Py de Ciudadanos que hace unos días amagó con recurrir este texto ante el Tribunal Constitucional.
El presidente Javier Lambán (PSOE) y su socio de gobierno José Luis Soro, líder nacionalista de la Chunta – Fabián Simón, artífices de la Ley de Actualización.
Con su publicación en el BOA, esta ley ha quedado formalmente promulgada por el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán.
Lo ha hecho «en nombre del Rey», según reza el preceptivo encabezamiento del anuncio publicado en el BOA por el jefe del Ejecutivo regional.
La ley destila inspiración soberanista desde su primera línea, y se reafirma en su primer artículo. Una inspiración soberanista sostenida argumentalmente en todo su preámbulo al presentar a Aragón, en la actualidad, como un sujeto diferenciado y con identidad sociopolítica propia pese a su pertenencia al Estado español y a la Unión Europea.
Se apela también al «pueblo aragonés» como sujeto político y a su derecho a manifestar en cada momento su «voluntad colectiva», antesala del derecho de autodeterminación.
Así, el artículo primero de esta Ley declara que «Aragón es una nacionalidad histórica de naturaleza foral, cuya identidad jurídica, así como la voluntad colectiva de su pueblo de querer ser, se han mantenido de manera ininterrumpida desde su nacimiento».
Además, el artículo 4 proclama el «carácter originario e imprescriptibilidad» de «los derechos históricos del pueblo aragonés».
Así, subraya que «son anteriores a la Constitución española y al Estatuto de Autonomía» y, por tanto, esos «derechos históricos» quedan colocados en un plano de superioridad.
Asimismo, advierte igualmente que «la participación de Aragón en el proceso histórico de construcción de España no ha supuesto la renuncia a sus derechos históricos».
Y remarca que Aragón «ostenta en el Estado español y en la Unión Europea una identidad y un espacio jurídico, político y cultural propios que deberán reivindicarse y reconocerse».
Asimismo, esta misma ley obliga a las administraciones públicas aragonesas, a partir de ahora, a «utilizar en sus normas y documentos oficiales la denominación ‘Aragón, nacionalidad histórica’, así como a fomentar su uso por los particulares y los medios de comunicación». (ECHA- Agencias)