MADRID/España.- El Tribunal Supremo de España decidiría no aceptar la entrega del expresidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, sólo por malversación y que se descarte el delito de rebelión, informó el diario El Mundo.
En ese sentido informa que fuentes próximas al tribunal explican que el magistrado Pablo Llarena maneja dos opciones y ambas pasan por rechazar la conclusión a la que ha llegado el tribunal territorial alemán.
La primera es la retirada directa de la euroorden sin mayor trámite que dictar el auto correspondiente y comunicárselo a las autoridades judiciales germanas.
La segunda, llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para consultar al máximo intérprete de la normativa comunitaria si la decisión marco que puso en marcha la euroorden permite una actuación como la del tribunal de Schleswig-Holstein.
Una respuesta contraria a los intereses de la justicia española desembocaría también en la retirada de la euroorden.
Tras la primera negativa alemana a entregar por rebelión, el pasado mes de abril, Llarena se mostró más proclive a la opción de presentar una cuestión prejudicial al tribunal de Luxemburgo para que se pronuncie sobre el «exceso» en el que habría incurrido el tribunal alemán.
Juez supremo Pablo Llarena proclive a presentar una cuestión perjudicial al Tribunal de Luxemburgo por la decisión aprobada en la corte de Schleswig-Holstein
El magistrado está estudiando el asunto, aunque todo indica que esperará a tener la traducción de la resolución alemana para tomar una decisión.
Sin esa euroorden sobre su cabeza, Puigdemont no correría el riesgo inmediato de ser entregado mientras permaneciera en Alemania.
Si viajara a otro país se podría reactivar la petición de entrega para que la resolvieran esos nuevos tribunales. En el caso de que volviera a España voluntariamente no habría problema para detenerlo y juzgarlo por rebelión.
El expresidente catalán debería esperar al menos 20 años, el plazo de prescripción del delito de rebelión, para regresar a España con tranquilidad.
Sobre el papel, la opción de aceptar una entrega sólo por malversación podría acabar con una condena elevadísima. Al haberse superado la cifra de 250,000 euros supuestamente malversados, las penas oscilarían entre los seis y los 12 años de prisión.
Eso sí, puesto que es un delito patrimonial Puigdemont podría maniobrar restituyendo lo supuestamente malversado, lo que casi cerraría la puerta a prisión provisional y serviría para reducir drásticamente la pena. (ECHA – Agencias)