NUEVA YORK.- El Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó demandar a México que se repare los daños a la periodista Lydia Caycho, torturada hace 13 años, procesar a los responsables de las violaciones y derogar de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias que permiten abusos del poder político.
El caso de Lydia Cacho cobra un nuevo impulso 13 años después al comprobarse que fueron violentados los derechos humanos con la detención de la autora de Los demonios del edén, un libro que reveló en marzo de 2005 una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo.
El Comité de Derechos Humanos del organismo internacional hace hincapié en que deben derogarse de los códigos penales los delitos de difamación y calumnias permiten al poder político y económico utilizarlos como armas contra los informadores.
Lydia Cacho fue detenida por diez personas en Quintana Roo, al sur del país, nueve meses después de que su investigación fuera publicada.
El grupo la trasladó en una camioneta hasta el Estado de Puebla en un trayecto de 20 horas donde no se le permitió comer ni comunicarse con nadie. En el camino fue víctima de tortura psicológica y de tocamientos, además de amenazas de muerte.
México fue testigo, el 14 de febrero de 2006, de una repugnante llamada telefónica difundida por el periódico La Jornada en la que el empresario textil Kamel Nacif Borge, señalado como una de las piezas clave en la red de explotación sexual infantil, congratulaba a Mario Marín, el gobernador priista de Puebla, por la detención de la periodista por el delito de calumnia.
«Eres el héroe de esta película, papá», aseguró Nacif en el mensaje telefónico del 23 de diciembre de 2005. El mandatario le respondió orgulloso: «Ya ayer le acabé de dar un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad».
El caso se convirtió en un ejemplo de cómo las relaciones entre el poder económico y político podían conspirar, en este caso en contra la de la libertad de expresión. Eso es lo que reconoció la ONU en un histórico primer dictamen contra México.(ECHA-Agencias)