La investigación que sigue al escándalo de corrupción en la Justicia de Perú, tras la difusión de audios donde se escucha a altos jueces, políticos y empresarios negociar ascensos y fallos judiciales, «estará llena de trampas», advirtió hoy el periodista de investigación Gustavo Gorriti.
El director de IDL-Reporteros, equipo de investigación que difundió las grabaciones telefónicas sobre la amplia red de corrupción judicial, señaló en un encuentro con la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) que la investigación a los implicados «estará llena de maniobras envolventes y ataques, que llegarán de sitios inesperados».
Entre las escuchas que difundió IDL-Reporteros se encuentran escandalosas negociaciones como la del juez supremo César Hinostroza, quien ofrece absolver al violador de una menor de 11 años, así como la del expresidente de la Corte Suprema del Callao, Walter Ríos, quien pedía un soborno de 10.000 dólares para favorecer el nombramiento de un fiscal.
En ese sentido, el periodista aseguró que el escándalo de la Judicatura peruana, al que ha bautizado como ‘Lava Juez’, tiene una conexión directa con el caso ‘Lava Jato’ en Perú, el que también sigue desde hace más de tres años porque «si se investiga bien (desde la Fiscalía), va a revelar mucha información y va a comprometer a mucha gente que antes había logrado no aparecer».
Por ello, Gorriti destacó la medida adoptada por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, también mencionado en algunos audios, de fusionar las fiscalías del caso Lava Jato, y que sea liderado por el fiscal supremo Rafael Vela Barba.
Este equipo está integrado además por el fiscal José Domingo Pérez, quien recientemente reveló que dentro de la Fiscalía se había entorpecido las investigaciones a los líderes políticos involucrados.
Según Pérez, cuando el Ministerio Público era dirigido por el exfiscal general Pablo Sánchez, se ignoró la información difundida en medios sobre la anotación del empresario Marcelo Odebrecht en sus agendas, que señalaba «Keiko aumentar 500» en alusión a la lideresa opositora Keiko Fujimori.
Lo mismo sucedió con el apunte «AG kuntur» sobre el que le dijeron «AG no se pregunta», en supuesta alusión al expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011).
A pesar de las críticas a la designación de Chávarry como fiscal de la Nación, debido a su cercana relación con el suspendido juez César Hinostroza, presunto líder de esta red de tráfico de influencias y favores, Gorriti dijo que el caso Lava Jato le pueda dar prestigio al actual fiscal general.
En ese sentido, Gorriti agregó que existe «mucha energía» para evitar las investigaciones» del caso Lava Juez.
Y añadió que «sacar adelante las investigaciones pasará por lo que logren hacer aquellos grupos virtuosos dentro del Poder Judicial y la Policía Nacional de Perú, en la medida en que reciban el apoyo de la ciudadanía».
En Perú, el caso Odebrecht comprende la presunta financiación irregular de las campañas electorales y el pago de millonarios sobornos para adjudicarse grandes contratos de obras públicas entre 2005 y 2014 en los Gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), con orden de captura; Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).
Además, se investigan los presuntos vínculos con Odebrecht del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y de la excandidata presidencial Keiko Fujimori, líder del partido opositor Fuerza Popular, que cuenta con el grupo parlamentario más numeroso en el Congreso. EFE
Gustavo Gorriti: Existe evidencia de que Keiko recibió dinero negro de Odebrecht