El legislador de Alianza por el Progreso, Benicio Ríos Ocsa, se puso la mañana de este lunes a disposición del Congreso, tras permanecer prófugo de la justicia desde mayo.
Benicio Ríos fue sentenciado por el Poder Judicial por colusión agravada cometido en la compra de terrenos a precio sobrevaluado para la construcción de un relleno sanitario en Urubamba, Cusco, cuando fue alcalde de esa provincia, en el 2009.
El parlamentario apareció, sin embargo, este lunes en la sede del Legislativo y, tras reunirse con Daniel Salaverry, titular de este poder del Estado, anunció a los medios que se pone a disposición del Congreso, como establece el Reglamento.
En su alocución, Benicio Ríos ofreció disculpas al Cusco y a sus electores por ausentarse y calificó de «abusiva» e «injusta» la sentencia judicial de siete años de prisión que pesa en su contra.
“La idea era que Machu Picchu se presente limpio ante el mundo porque los distritos de nuestra región son muy turísticos. Se compró los terrenos cumpliendo todos los requisitos, donde ahora tenemos un modelo de manejo de residuos a nivel nacional y regional”, declaró.
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El congresista mencionó que después de dos años de adquirido el terreno en 423,000 dólares, apareció una fotocopia según la cual el valor del terreno era de 250,000 dólares.
“Los medios dicen ¿cómo es posible que de 250,000 lo aumentaron a más de 400,000 dólares? Nunca hubo esa sobrevaloración, se pidió un examen grafotécnico por este documento fotocopiado y nunca lo aprobaron. Esta es una sentencia abusiva e injusta, pero tengo fe en que lograré la justicia”, se defendió Benicio Ríos.
Según denunció la prensa, durante el tiempo en que Ríos permaneció prófugo, siguió recibiendo su sueldo y los empleados de su despacho seguían laborando sin problemas.
Estos beneficios fueron cortados por decisión de la Junta de Portavoces, según informó Daniel Salaverry, quien ordenó la clausura del despacho de Benicio Ríos Ocsa, así como la devolución de todo cobro efectuado.
Benicio Ríos dijo haber presentado un pedido de casación que deberá ser resuelto por el Poder Judicial.
Foto Andina