MANAGUA (Nicaragua).- La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) aseguró hoy que no ha encontrado indicios que ratifiquen que las manifestaciones contra el Gobierno de Nicaragua, iniciadas en abril pasado, se trate de un intento de golpe de Estado como ha denunciado el presidente Daniel Ortega.
«La información que hemos tenido acceso no apoya esa visión y desde las perspectivas de derechos humanos, si hemos encontrado una serie de acciones que están en contra del derecho internacional de los derechos humanos», dijo el coordinador de la misión de la Acnudh, Guillermo Fernández Maldonado (foto), en una conferencia de prensa en Managua.
Fernández Maldonado confirmó que el Estado nicaragüense planteó a la Acnudh, desde el inicio de la crisis, que las protestas contra el presidente Ortega se tratan de un intento de golpe de Estado que busca romper el orden constitucional.
«Lo que nosotros le dijimos es que si esa es la visión que nos den acceso a la información y a los lugares que ratifiquen esa visión y si encontramos, que efectivamente los hechos sostienen esa visión, lo haríamos públicos», señaló.
«No nos han respondido ninguna de las solicitudes de información y no nos han permitido ir a ninguno de los lugares que propusimos», continuó.
El coordinador de la misión de la Acnudh brindó esas declaraciones al dar a conocer un informe denominado sobre las «Violaciones de Derechos Humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua».
Ese informe denuncia «la grave crisis de derechos humanos desde inicios de la protesta» y que «se ha caracterizado por múltiples formas de violencia y de represión, que ha dejado al menos 300 muertos y 2,000 heridos o afectados».
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También que han profundizado la polarización en Nicaragua y señala al Estado de hacer un uso desproporcionado de la fuerza, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias o ilegales, torturas o violaciones sexuales, criminalización de los líderes sociales, entre otros.
Asimismo, advierte que el Gobierno de Ortega no ha reconocido ninguna responsabilidad por actos ilícitos o indebidos, sino que ha culpado a otro de la «violencia golpista».
En su informe, la Acnuch recomienda al Estado poner fin al hostigamiento, intimidación y criminalización de las personas asociadas a las protestas, desmantelar y desarmar a los elementos armados progubernamentales, detener las detenciones arbitrarias, y liberar a los manifestantes que se encuentran detenidos.
Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 322 y 448 muertos, de acuerdo con cifras de entes humanitarios internacionales y locales, la más sangrienta desde 1980, con Ortega también como presidente, quien, por su parte, cifra en 198 los fallecidos y denuncia un intento de golpe de Estado.
Las protestas contra el presidente Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
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