Líderes de pueblos indígenas de la Amazonía peruana calificaron hoy de fallo histórico una sentencia de la justicia peruana que anula la exploración y explotación de petróleo en el Lote 116 «por haber vulnerado el derecho de los pueblos nativos a la consulta previa«.
«Reconocemos el trabajo de los jueces en este pronunciamiento donde nos dan la razón a los pueblos indígenas de que el Ministerio de Energía y Minas ha vulnerado el derecho de consulta previa de los pueblos», expresó en conferencia de prensa Wrays Pérez (foto), presidente del gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis.
En marzo pasado, y tras cuatro años de proceso judicial, la Segunda Sala Civil de la Corte de Lima ordenó, en última instancia, la anulación de los contratos y la suspensión de actividad en la zona del Lote 116, ubicado entre las regiones de Loreto y Amazonas, cerca de la frontera de Perú con Ecuador.
El Ministerio de Energía y Minas había adjudicado en el 2006 la exploración de petróleo en esta zona a la compañía francesa Maurel et Prom y la canadiense Pacific Energy, ahora denominada Frontera.
Sin embargo, la sentencia determinó que los contratos fueron suscritos sin realizar la consulta previa y conseguir el consentimiento de las comunidades nativas que viven en la zona.
Para el abogado Juan Carlos Ruiz, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y litigante del proceso, lo que la última instancia «ha reconocido es que se violó el derecho de consulta previa» y «les ha dicho a los ministerios de Energía y Minas y de Cultura que han actuado mal».
Ruiz destacó que este fallo «es el primer caso de omisión de consulta previa que ganan los pueblos indígenas en el país» debido a que se suele argumentar ante la Justicia que la ley de Consulta Previa peruana (2011) no es retroactiva, «pese a que el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) está vigente en el país desde 1995″.
En abril pasado y tras el fallo en primera instancia, la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) calificó de «grave precedente» la decisión adoptada en primera instancia por el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima de suspender el contrato de exploración y explotación porque aseguró que «se afectaba la seguridad jurídica».
«¿Habría que preguntarnos qué seguridad jurídica es la que importa? ¿Solo la del Estado o también la de los pueblos indígenas?», se cuestionó el abogado.
Además de la aprobación de la consulta previa, el fallo último ordena también al Estado que se obtenga el consentimiento de las comunidades nativas sobre la viabilidad del proyecto.
Según señaló Pérez a Efe, con este fallo se pone en evidencia la necesidad de potenciar la Ley de Consulta Previa «porque así como está no garantiza mucho los derechos de los pueblos indígenas».
«Necesita ser modificada», sostuvo Pérez, y adelantó que los representantes indígenas solicitarán al presidente de Perú, Martín Vizcarra, que ésta sea replanteada.
Asimismo, expresó que los líderes indígenas están trabajando para proponer una mayor exigencia al estudio de impacto ambiental (EIA) de los proyectos en sus territorios.
«Queremos que se pueda cumplir con los estándares internacionales, que exigen la participación de los pueblos indígenas en la elaboración del estudio, con entidades independientes y con fiscalización del propio Estado para que estén bien elaborados y no tengan problemas a futuro», concluyó.
EFE/Foto: larepublica.pe