LIMA.- El matrimonio chileno encarcelado desde este lunes en Perú por intentar salir del país con dos bebés concebidos mediante un vientre de alquiler no incurrió en un delito de trata de personas como le imputa la Fiscalía, según manifestó hoy la Defensoría del Pueblo de Perú.
A esta conclusión llegaron funcionarios de la Defensoría tras la reunión sostenida con los familiares de la pareja de esposos y su abogado.
Tras revisar la documentación, el adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría, Percy Castillo, explicó que los hechos no tipifican en el citado delito porque «los niños serían fruto de un proceso de maternidad subrogada, situación que no se ajusta al ilícito penal que sanciona la venta de niños».
Para un mayor esclarecimiento de los hechos, la Defensoría solicitará a la Fiscalía y al Poder Judicial que ordenen las acciones pertinentes para determinar el parentesco de los bebés con los esposos, mediante una prueba de ADN «en el más breve plazo».
La adjunta para la Niñez y la Adolescencia, Matilde Cobeña, informó que la Defensoría ha tomado acciones para garantizar el bienestar de los niños, que se encuentran en un Centro de Acogida Residencial del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif).
Cobeña explicó que visitó a los niños en ese centro para comprobar que están recibiendo la atención correspondiente, y añadió que continuará visitándolos durante el desarrollo de las investigaciones penales.
Los adjuntos también visitaron a la pareja detenida para verificar sus condiciones carcelarias y garantizar sus derechos.
La Defensoría del Pueblo invocó al gobierno, en especial a los ministerios de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Justicia y Derechos Humanos a elaborar un marco normativo que regule las técnicas de reproducción asistida, de manera respetuosa con los derechos fundamentales de las personas.
Advirtió que la falta de normas puede desproteger los derechos de los niños, de la familia y de la sociedad en general.
Los esposos chilenos Rosario Madueño y Jorge Tovar, de 46 y 48 años, respectivamente, fueron encarcelados este lunes en las prisiones de Ancón II y del Callao de manera preventiva por doce meses mientras continúan las investigaciones.
De llegar a juicio y ser declarados culpables, podrían afrontar una pena no menor de 25 años de cárcel por el delito de trata de personas, aunque en Perú la maternidad subrogada no cuenta con un marco normativo explícito que la regule, por lo que no está permitida ni prohibida.
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