Los periodistas peruanos que revelaron una serie de abusos sexuales y maltrato psicológico en el grupo católico Sodalicio en Perú rechazaron hoy las demandas por «difamación agravada» interpuestas por el arzobispo José Antonio Eguren, miembro de dicha organización.
Para Pedro Salinas y Paola Ugaz, que investigaron una serie de abusos cometidos al interior de dicho grupo católico entre 1974 y 2009, y que los hicieron públicos en 2015 en el libro «Mitad monjes mitad soldados», las querellas «no tienen real sustento» y son «la respuesta tardía del Sodalicio contra quienes investigaron a su organización y el encubrimiento de los abusos».
«Lo que realmente buscan es callar la prensa libre», sostuvo Ugaz, quien ha sido demandada por supuestamente haber agraviado el honor de Eguren en siete tweets publicados por ella en su cuenta persona de Twitter, en enero pasado, durante la visita del Papa Francisco al Perú.
En uno de ellos dice «Papa Francisco realiza ceremonia en Trujillo junto al arzobispo José Eguren, de la cúpula del Sodalicio quien está acusado de tráfico de tierras en Piura y encubrimiento a los abusos sexuales y físicos en la organización católica».
Además, también deberá responder por las supuestas denuncias contra él recogidas dentro de un documental que Ugaz produjo en 2016 para la cadena de televisión Al Jazeera, donde señala que el prelado está involucrado en un caso de tráfico de tierras y en encubrimiento de supuestos delitos cometidos dentro del grupo religioso.
En tanto que, en el caso de Salinas, los cargos imputados por difamación agravada se deben al artículo titulado «El Juan Barros peruano», publicado en enero por Lamula.pe, donde el periodista compara a Eguren con el obispo chileno Juan Barros, acusado de encubrir los abusos del sacerdote chileno Fernando Karadima.
En ambas demandas, Eguren, que es arzobispo en la ciudades norteñas de Tumbes y Piura, y uno de los representantes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en el Perú, señala que los periodistas han cometido «difamación agravada», que implica un daño al honor de forma pública.
Para el abogado de ambos periodistas, Carlos Rivera, «estos procesos judiciales demuestran que existe una situación grave de utilización del sistema de justicia como garrote o persecución a periodistas que investigan o denuncian hechos».
«Procesos que suelen ser bastante largos y que hacen que los periodistas tengan que rendir cuentas de su quehacer periodístico ante el Poder Judicial por dos o tres años aproximadamente», agregó.
En ese sentido, Ugaz remarcó el hecho de que, pese a que el documental de Al Jazeera fue realizado por 20 personas, solo ella ha sido demandada.
Los abusos sexuales en el Sodalicio ocurrieron entre 1974 y 2009, según el informe de la investigación interna, pero no comenzaron a ser investigados por la Fiscalía hasta el 2015, año en que apareció el libro de Salinas y Ugaz. EFE
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