El congresista fujimorista Miguel Castro también participó en el presunto lavado de dinero para financiar la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales del 2011, según la declaración de un nuevo testigo protegido citada hoy por el fiscal José Domingo Pérez, a cargo de las investigaciones.
Durante la audiencia judicial donde se evalúa que pasen a prisión preventiva once investigados, el fiscal Pérez citó la declaración tomada al testigo el 30 de octubre, en la que este afirma que Castro firmó recibos para simular donaciones a la campaña.
El testigo, identificado con el código 2017-55-8, indicó que Castro, parlamentario fujimorista por la región Amazonas, también ayudó al partido fujimorista Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) a conseguir otras dos personas para que prestaran sus nombres y así firmar más recibos.
Lo hizo a pedido de Erick Matto Monge, quien le explicó que el dinero era del exministro fujimorista Jaime Yoshiyama, presunto receptor de la mitad del millón de dólares que la constructora brasileña Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori, aparentemente desde la cuenta con la que pagó sobornos en una docena de países de Latinoamérica.
Asimismo, Matto Monge le pidió a Castro «que buscara a otras personas de su entorno social y confianza para que figuran como aportantes al partido Fuerza 2011», es decir, «personas solventes y de un círculo social pudiente que no levantaran sospechas de falsos aportes».
El testigo detalló que las transferencias de dinero se habían realizado en fechas anteriores a las firmas de los recibos, donde ya estaba consignada la cantidad a falta de que los falsos donantes prestaran su nombre y número de documento nacional de identidad.
Esta declaración se suma a las del testigo 2017-55-3, que narra con lujo de detalles las gestiones del congresista fujimorista Rolando Reátegui por reclutar a falsos aportantes en la región de San Martín y que luego supo que otros congresistas del partido como Héctor Becerril y Cecilia Chacón habían hecho lo mismo.
Por este caso, la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, fue recluida en prisión preventiva el pasado jueves por un período de tres años para que no obstruya las investigaciones.
A la hija del expresidente Alberto Fujimori el fiscal le imputa ser la presunta líder de una organización criminal enquistada en su partido para captar dinero ilícito y así llegar al poder, para después devolver los favores con actos de corrupción.
Entre los otros diez investigados que están a la espera de conocer si también van a prisión preventiva están Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, asesores de Keiko, y los exministros Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya, quien presuntamente es el receptor de los otros 500,000 dólares de Odebrecht.
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