La información entregada por la brasileña Odebrecht a la Fiscalía ha permitido abrir más de 40 investigaciones sobre presuntos actos de corrupción en las obras que hizo en el país en los últimos años, que incluyen como implicados a varios expresidentes, según declaraciones publicadas hoy lunes por el diario El Comercio.
El fiscal coordinador del equipo especial del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela, declaró al periódico que el reciente acuerdo de colaboración y pago de reparación civil con Odebrecht tuvo en cuenta «toda la información que ha venido entregando» la constructora.
«Se han abierto más de 40 investigaciones con lo que ha dado la empresa. Eso también se tiene que sopesar, se tiene que valorar dentro de un acuerdo de esta naturaleza», agregó Rafael Vela.
Uno de los principales puntos del acuerdo es que la empresa tiene «la obligación de seguir colaborando, declarando y entregando pruebas documentales de acuerdo a las exigencias de la Fiscalía», señaló el fiscal coordinador.
Asimismo, el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata será interrogado nuevamente por el equipo de fiscales entre el 15 y 18 de enero sobre el caso de la Línea 1 del Metro de Lima, obra adjudicada e iniciada en el segundo gobierno del expresidente Alan García (2006-2011), entre otras investigaciones en curso.
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Además de García, el equipo fiscal investiga al exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Rafael Vela aseguró que Barata estará testificando en los juicios que se abrirán contra los exmandatarios porque «esa es la obligación asumida en el convenio».
«La declaración de Barata en el juicio puede ser en Lima o cualquier otro mecanismo técnico que la ley prevea», explicó.
Barata declaró haber recibido el pedido de Toledo de un aporte de 20 millones de dólares, así como de haber entregado dos millones de dólares para la campaña de Humala y de un millón para la de Keiko Fujimori, excandidata presidencial del partido Fuerza Popular.
El fiscal Rafael Vela dijo que el acuerdo con Odebrecht «es un reconocimiento de culpabilidad» y una obligación de pago de reparación civil.
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Asimismo, declaró que el expresidente García está «obstruyendo la labor de la justicia» al manifestar que ha infiltrado el equipo de fiscales y que conocía que había una orden de detención preventiva en su contra, razón por la cual pidió asilo a Uruguay, que fue finalmente negado.
De igual forma, Rafael Vela aseguró que la ley de financiamiento de partidos aprobada por la mayoría fujimorista en el Congreso es una «intromisión a las investigaciones en curso» y pasible de ser «interpretada como una conducta incluso hasta obstruccionista», por parte de los grupos políticos que tienen un cuestionamiento a nivel judicial.
Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, cumple una prisión preventiva por 36 meses mientras ella y su partido son investigados bajo de ley de organizaciones criminales por el presunto delito de lavado de activos.
EFE