SAO PAULO.- Human Rights Watch (HRW) advirtió este jueves sobre las consecuencias negativas que puede acarrear el plan del gobierno del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, para «supervisar» y «fiscalizar» las ONG en el país.
«Es un error, en una democracia abierta y moderna, intentar controlar, supervisar, fiscalizar a organizaciones que por definición deben ser independientes y autónomas del Estado», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco (foto), en Sao Paulo con motivo de la publicación del informe anual de la entidad.
Vivanco se refirió a uno de los primeros decretos firmados por Bolsonaro en el que encomendó esa tarea al ministro de la Secretaría de Gobierno, Carlos Alberto dos Santos Cruz, uno de los cinco miembros de las Fuerzas Armadas que integran su Gabinete.
«No queda claro si esas ONG son aquellas que reciben dinero público o no, o son todas. Si uno mira el lenguaje del decreto da la impresión que son todas», dijo Vivanco, quien le trasladó al propio ministro, en una reunión en Brasilia, que esa medida podría «constituir un grave error».
Dos Santos Cruz señaló en una entrevista reciente con TV Globo que su cartera fiscalizará las ONG para «optimizar» los recursos que se destinan a las mismas porque donde hay «dinero público» tiene que haber «transparencia» y «resultados».
Vivanco, quien tildó a Bolsonaro de «líder populista», coincidió en que la sociedad civil debe actuar con total transparencia, «pero una cosa distinta es que se intente controlar las ONG nacionales o internacionales» porque eso «anula el valor central» de su función.
Asimismo, subrayó que se ha entrado en el terreno de la «ambigüedad», donde «todavía no están claras las reglas del juego», ni una definición clara de los criterios sobre los cuáles se inspeccionará a las organizaciones de la sociedad civil.
«El decreto no es claro, aparentemente, según el decreto, son todas las que estarán bajo supervisión, eso nos parece grave», insistió.
A esa iniciativa del gobierno de Bolsonaro de inspeccionar los recursos destinados a las ONG, se sumó otra del ministro de Medioambiente, Ricardo Salles, quien suspendió, por un plazo de 90 días, los convenios en vigor con diversas ONG.
Según informó el despacho en una nota, el objetivo es analizar esos acuerdos, examinar las condiciones de los mismos y a partir de ahí, decidir si se mantienen, modifican o se cancelan.
No obstante, Salles matizó sus declaraciones en la víspera y dijo al diario Folha de Sao Paulo que «ningún convenio en ejecución será suspendido», solo los que ya fueron firmados, pero que aún no se han puesto en marcha.
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