QUITO (Ecuador).- El Ministerio de Educación de Ecuador aseguró este viernes que acatará las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sobre un caso de violencia sexual perpetrado en el 2002 contra una menor en un centro educativo público y reiteró sus estrategias de seguridad y protección.
La cartera de Estado manifestó en un comunicado que respalda ese proceso y aceptará las resoluciones que se dicten por parte de la entidad legal interamericana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 13 de febrero a la CorteIDH las conclusiones del caso de la menor de edad, identificada como Paola del Rosario Guzmán Albarracín, que se suicidó cuando tenía 14 años debido al abuso y acoso sexual al que fue sometida en una institución pública ecuatoriana.
Se trata del primer caso que la CIDH envía a la CorteIDH sobre violencia sexual en Ecuador, incluyendo el acoso sexual en el ámbito educativo, precisó la Comisión en un comunicado.
En ese sentido, una vez recibida la documentación, la Corte «podrá pronunciarse sobre las implicaciones de sus deberes de respeto y garantía en esta temática» así como también le permitirá ampliar su jurisprudencia sobre los derechos a la educación y a la salud.
La CIDH manifestó que «la niña fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual, por parte del vicerrector de su colegio y por el médico del colegio, ambos funcionarios públicos y que existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida», precisa la nota.
Responsabilizó al Estado ecuatoriano de la «violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad», y censura que falló a la hora de proteger a la menor y garantizar «su condición de niña, la igualdad y no discriminación», entre otros.
Además, presentó a Ecuador varias recomendaciones frente a estos hechos, entre ellas, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, brindar de forma gratuita e inmediata un tratamiento médico-psicológico a las víctimas, disponer las medidas administrativas y disciplinarias o penales frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales.
Por su parte, el Ministerio educativo reiteró que se compromete a «implementar las herramientas necesarias para garantizar que estos delitos no se repitan y no queden en la impunidad».
Para ello, avanzó que prevé desarrollar estrategias que permitan combatir los actos de violencia de cualquier tipo en el país andino, como la creación de espacios libres y seguros de cualquier forma de violencia.
Las instituciones educativas en Ecuador cuentan con protocolos de atención para llevar el procedimiento correspondiente a una «atención oportuna, protección, investigación y restitución de derechos», en situaciones de violencia, recalcó el Ministerio de Educación.
E indicó que existen campañas de prevención en centros educativos que se llevan a cabo con el apoyo de organismos internacionales como El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Estas iniciativas permiten que la comunidad educativa no solo conformada por estudiantes sino también por docentes, padres de familia y funcionarios administrativos, participen y establezcan una relación de confianza a la hora de denunciar una situación de violencia, concluye el comunicado.
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