MANAGUA.- El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el Gobierno nicaragüense de Daniel Ortega acordaron mantener un “canal de comunicación abierto” para tratar de encontrar una salida a la profunda crisis política que sufre el país centroamericano.
El régimen de Ortega busca oxigenarse prometiendo reformas electorales de cara a las elecciones generales previstas para 2021, pero el organismo interamericano pone condiciones para una negociación, entre ellas la liberación de los “presos políticos”: más de 600 opositores encarcelados por manifestarse contra Ortega.
Gonzalo Koncke, enviado de Almagro, visitó Nicaragua el jueves y mantuvo reuniones con el Gobierno sandinista.
Las conversaciones se desarrollaron con el mayor hermetismo, pero Almagro informó que la delegación de la OEA planteó a Ortega la importancia de liberar a los detenidos en el marco de las manifestaciones y la “necesidad de contar con avances en el proceso político electoral”.
El Ejecutivo de Ortega respondió con un escueto comunicado ––firmado por la Cancillería, pero dado a conocer por la esposa y mano derecha del sandinista, Rosario Murillo–– en el que decía estar dispuesto a avanzar en reformas electorales para los comicios presidenciales de 2021, cuando vence su tercer mandato consecutivo.
El presidente nicaragüense aún aspira a que el Frente Sandinista ––su partido–– se mantenga en el poder, a pesar de las masivas manifestaciones de la oposición que exige desde el fin del régimen-
El acercamiento de Almagro a Ortega se da después de meses de distanciamientos, en los que el uruguayo intentó mover el tablero diplomático latinoamericano para “asfixiar” lo que ha catalogado de “dictadura” nicaragüense.
Logró convocar reuniones del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación del país centroamericano e incluso llegó a amenazar con aplicar a Ortega la Carta Interamericana, una medida urgente para presionar a las autoridades nicaragüenses y forzarlas a respetar la institucionalidad.
La aplicación del documento desembocaría en la suspensión del país del organismo y tendría serias repercusiones para su economía, ya de por sí muy deteriorada por la prolongada crisis política.(ECHA-Agencias)