Francisco está hoy reunido con importantes líderes de la Iglesia en inédita conferencia mundial sobre el abuso sexual clerical. Entienden que es urgente un conjunto uniforme de leyes y de política de tolerancia cero. Pero enfrentan la negación del abuso y el rechazo a identificar a los abusadores que lo consideran un pecado y no un delito.
El abuso sexual clerical es un tema ignominioso y la lucha eclesial para erradicarlo es revolucionaria. La cita pretende que se maneje con responsabilidad, rendición de cuentas y transparencia a partir del convencimiento de que es un problema real agravado por la negación o el encubrimiento.
En el Perú estamos cerca de este lamentable enfoque negacionista. La investigación y la denuncia de los periodistas Pedro Salinas y Paola Ugaz, respecto del Sodalicio y sus prácticas vedadas, en lugar de merecer el apoyo de toda la sociedad -en consonancia con los esfuerzos de la Iglesia para su penalización y enmienda- ha movilizado contra ellos el inmenso poder del Arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren Anselmi, connotado partícipe de la organización fundada por Luis Fernando Figari hoy sancionado por el Vaticano.
El abuso en el Sodalicio se ve claro en el libro de Salinas y Ugaz Mitad monjes, mitad soldados, donde señalan responsabilidades que Eguren no puede evadir. Pero lejos del cristiano propósito de enmienda responde con sendas querellas por difamación para amedrentarlos e impedir que continúen con su misión ética.
Judith Cueva y Esthela Alva son las juezas que aceptaron abusivamente las querellas y los obligan a litigar en Piura violando derechos y libertades. ¿Por qué el Poder Judicial permite esta barbaridad?
La solidaridad con Salinas y Ugaz es un deber, respaldarlos es proteger a menores y jóvenes. Ellos resisten con enorme desgaste económico, emocional y laboral. Dejarlos solos es aceptar el silencio y rechazar la valentía de su denuncia. Cuidado.