La activista Arlette Contreras, quien impulsó el movimiento «Ni una menos» en Perú tras ser víctima de un ataque por parte de su expareja, advirtió este viernes en un debate en la OEA de que la «indiferencia» en la atención a las mujeres maltratadas «también es violencia».
En su intervención de este viernes en el encuentro «Asesinato de mujeres y niñas por razones de género», promovido por la Organización de Estados Americanos (OEA), Contreras lamentó que el sistema de justicia de su país no haya sabido responder a su caso.
«He sido revictimizada constantemente durante estos tres años, ocho meses y dos días. Estoy buscando justicia y todavía no puedo hablar de una reparación», relató esta joven abogada, quien sufrió en 2015 una brutal agresión en la ciudad sur andina de Ayacucho por parte de su expareja Adriano Pozo.
Contreras denunció que en su país, donde su ataque fue ampliamente difundido a través de un vídeo en medios de comunicación, le han «negado justicia dos veces», después de que se dictaran dos sentencias que dejan en libertad a su agresor, con ella se negó a continuar con un tercer proceso.
«No puedo permitir que me traten, me maltraten, de esta forma, porque si no después van a continuar haciéndolo con otras mujeres también. No quiero dejar un precedente negativo en mi lucha, sino todo lo contrario, quiero dejar un precedente que sirva y que sea útil», añadió.
La activista relató que debió huir de su ciudad después de que liberaran a su expareja y consideró que esa «es la situación en la que se encuentran muchas mujeres».
«Esto es lo que está sucediendo y sucede todos los días y sucede en todas partes del mundo. Y no nos atienden como corresponde, los operadores de justicia nos atienden con indiferencia y eso también es violencia», agregó.
Contreras ratificó su decisión de elevar su caso ante el «escenario internacional», mediante una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Yo quiero que mi caso sirva (…), porque puede sentar las bases de un cambio generacional para atender adecuadamente los casos de mujeres que pasan por una situación similar», sentenció.
La activista se consideró que está siendo «la voz de mujeres que no pueden hablar, que no pueden contar» y que no pueden «denunciar públicamente todo lo que viven día a día».
Durante el encuentro, cuya apertura estuvo a cargo del secretario general de la OEA, Luis Almagro, se presentó la «Ley Modelo Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas (Femicidio/feminicidio)», que busca que los Estados armonicen su legislación con los estándares de la Convención de Belém do Pará, de 1994.
Almagro habló de «escenario poco alentador», al señalar que «las cifras a nivel mundial indican que una de cada tres mujeres es, ha sido o será víctima de violencia en algún momento de su vida».
Igualmente mencionó datos de las Naciones Unidas que indican que 87.000 mujeres fueron asesinadas en 2017 en todo el mundo por su pareja, expareja o algún miembro de su familia.
Por su parte, la presidenta del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi/OEA), Sylvia Mesa, dijo a Efe que con esta ley se busca que los Estados miembros adopten el «enfoque integral» de ese documento, que implica la prevención, la investigación, la sanción y la reparación.
Mesa destacó como «un avance» que la ley marco propone un concepto de femicidio «anclado en la Convención», lo que supone que este delito no «solo ocurre en las relaciones de pareja» sino que tiene en cuenta ámbitos como la comunidad y la violencia perpetrada por el Estado. EFE