Representantes de organizaciones Perú Equidad y el Foro Internacional de Derechos Laborales (ILRF), a nombre de sindicatos peruanos textiles y agrícolas, presentaron una queja ante el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (US DOL), alegando que el Gobierno del Perú no está cumpliendo con las normas laborales incluidas en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos (APC), más conocido como el Tratado de Libre Comercio, que entró en vigencia en 2009.
La queja alega que el Gobierno del Perú incumple con las normas laborales mínimas aprobadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los sectores de exportación de prendas de vestir, textiles y productos agrícolas, las cuales han ido en notable crecimiento desde la entrada en vigencia del APC pero no han convertido tales avances económicos en mejoras para las y los trabajadores de estos sectores.
También presenta dudas nuevas sobre el historial de derechos laborales de otro miembro del TPP, el mega tratado de libre comercio propuesto por el Gobierno de Obama que en teoría exigirá a los miembros que conserven y apliquen leyes laborales conformes a las normas internacionales del trabajo reconocidas por la OIT.
La queja es novedosa ya que pone a prueba una disposición fundamental del “acuerdo del 10 de mayo”, sosteniendo que la Ley de Promoción de las Exportaciones No Tradicionales (Ley 22342, creada hace 37 años, bajo la dictadura militar del general Morales Bermúdez, que hoy rige para la mayoría de trabajadores de este sector) viola los estándares mínimos sobre la libertad sindical adoptados por la OIT. Además somete a las y los trabajadores de los sectores textil y agroexportador a condiciones de trabajo precarias, sin protección alguna y con beneficios sociales recortados o nulos, exponiéndolos a condiciones de trabajo indigno.
No es la primera vez que estos regímenes especiales han estado en el punto de mira: la OIT ha expresado preocupaciones graves con respeto a esta última y en 2013 cinco multinacionales con sede en Estados Unidos (incluyendo a Nike, New Balance y PVH Corp.) dirigieron una carta al presidente Ollanta Humala manifestando su preocupación por que el D.L. 22342 pudiera violar sus códigos de conducta los cuales exigen el respeto a los derechos laborales fundamentales de las y los trabajadores.
La demanda presenta casos emblemáticos que demuestran cómo el Gobierno de Perú permite que las empresas principales en los sectores de agro exportación y de textil y confecciones usen contratos fraudulentos, despidan a trabajadores por su actividad sindical y no paguen bonificaciones según la ley.
La queja se realizó con el respaldo de las federaciones que representan directamente a los trabajadores afectados organizados en la FENTAGRO, FNTTP y FTTP y plantea también demandas al gobierno peruano para cumplir con sus obligaciones bajo el APC, como la derogatoria de los artículos 32, 33 y 34 de la Ley de Exportaciones No Tradicionales (D.L. 22342), la derogatoria o modificatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), así como el fortalecimiento de los sistemas de fiscalización a los empleadores sobre el uso de contratos.