ROMA.- La Iglesia católica italiana protestó hoy por medio su Conferencia Episcopal (CEI) por el reciente fallo del Tribunal Supremo que consideró que las escuelas religiosas no pueden ser eximidas de un impuesto sobre los bienes inmuebles.
El secretario de la CEI, Nunzio Galantino, manifestó que la decisión del Supremo -conocida el 24 de julio- es «una sentencia peligrosa» y pidió que «quien toma las decisiones, lo haga con menos ideología».
El fallo del tribunal da la razón al Ayuntamiento de Livorno (centro), que el 2010 solicitó a instituciones dependientes de la Iglesia católica el pago del ICI (Impuesto Comunal sobre Inmuebles), al estimar que esos organismos tienen una «actividad comercial», por lo que no pueden estar exentos.
Las autoridades municipales de Livorno habían reclamado a dos escuelas, la «Santo Spirito» y la «Immacolata», el pago del impuesto correspondiente al período comprendido entre los años 2004 y 2009, pero los abogados de estas alegaron que no les correspondía por estar en pérdidas.
El tribunal ha estimado que la actividad comercial de esas dos escuelas está probada y no es «marginal», circunstancia que podría haberles eximido del pago de la tasa.
Según medios locales de Livorno, la cantidad total reclamada a las dos escuelas asciende a unos 422.000 euros y la sentencia no considera como razón para no pagar la tasa el que las instituciones estén en números rojos.
«Tengo la clara sensación de que, con este modo de pensar, se busca el aplauso de algunos ideologizados. El hecho es que no se está reconociendo el servicio que prestan las escuelas públicas paritarias», criticó el secretario de la CEI.
Ese tipo de establecimientos educativos, que reciben financiación del Estado, están mayoritariamente (63%) vinculados a la Iglesia católica y cobran tasas a los alumnos a los que imparten enseñanza.
Galantino aseguró a la agencia Adnkronos que «frente a los 520 millones (de euros) que reciben las escuelas paritarias, el Estado se ahorra seis mil millones y medio».
Monseñor Galantino agregó: «tengo la impresión de que se quiere presentar esto como un problema solo católico. Ha llegado el momento de parar esto. Empecemos a llamar a las cosas por su nombre».
Y aludió a la posibilidad de que, si se obliga a la Iglesia católica al pago del impuesto, se tenga que comenzar a cerrar escuelas, aunque advirtió: «el cierre de las escuelas paritarias significa limitar la libertad».
La ministra de Educación, Stefania Giannini, destacó, por su parte, que las escuelas públicas y las paritarias tienen «un tratamiento diferente porque son instituciones diferentes» pero reconoció que es necesario hacer una «reflexión» a partir de la sentencia del Supremo.
Y esto, destacó la ministra, porque en algunas regiones como el Véneto «el Estado y la región se encontrarían con enormes dificultades económicas y estructurales» si desaparecieran las escuelas paritarias que, recordó, se ocupan del 67% de la educación infantil y primaria.
Las autoridades municipales de Livorno han reclamado a las escuelas «Santo Spirito» e «Immacolata», el pago del impuesto correspondiente a los años 2004 y 2009.