La detención del expresidente peruano Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), acusado de delitos de corrupción y lavado de activos, además del daño personal a la figura del veterano político, también ha expuesto y debilitado la defensa esgrimida por sus enemigos políticos, acosados también por el caso Lava Jato.
La acción de la Justicia peruana, sorpresiva para todos, fue impulsada por el fiscal especial José Domingo Pérez, quien investiga los delitos de corrupción cometidos por la constructora brasileña Odebrecht en el país y sus implicaciones políticas.
La entrada en el calabozo del Poder Judicial del exmandatario cierra el círculo político e ideológico de los expresidentes peruanos acusados por delitos de corrupción.
Simbólicamente, los dos candidatos presidenciales que disputaron la segunda vuelta en las elecciones de 2016, Kuczynski – ganador – y Keiko Fujimori – derrotada -, han ingresado en prisión por delitos de corrupción vinculados a Odebrecht, investigados por el mismo fiscal y han sido sometidos al mismo rasero legal.
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De un plumazo, la detención ha liquidado una de las principales defensas que tanto Fujimori como los otros expresidentes acusados de corrupción en el país – Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala- han esgrimido para enfrentar a la Justicia: la «persecución política».
Todos esos acusados, sus seguidores, simpatizantes y aliados mediáticos proclamaron en diversas ocasiones que sus desventuras legales y las acusaciones en su contra formaban parte de un ataque desde el poder y un intento político para silenciarlos.
La tesis era que la presión fiscal era selectiva y un esfuerzo deliberado para enmascarar las acciones delictivas cometidas por otros dirigentes del otro lado del arco político.
Con el encarcelamiento de Kuczynski, apenas un año después de que dejara el poder, con el que fuera su vicepresidente, Martín Vizcarra ocupando la Presidencia, y con varios de sus aliados y colaboradores cercanos aún en el Gobierno, esa posición encuentra ahora un asidero endeble.
La Fiscalía peruana ha golpeado con igual fuerza a unos y a otros.
Así no sorprende que los primeros en salir a criticar la detención han sido los que fueron enemigos acérrimos del exmandatario y quienes hicieron todo lo posible por que perdiera el poder.
Desde el partido fujimorista Fuerza Popular, las primeras reacciones ante esta detención han sido de compasión ante el «drama» que ahora «desgraciadamente» va a pasar Kuczynski.
Esa posición contrasta con la virulencia con la que atacaron al entonces presidente cuando surgieron las primeras informaciones sobre su vinculación con Odebrecht, cuando exigían su depuración y que la acción de la Justicia cayera sobre él con todas sus consecuencias.
Otros defensores han venido del Partido Aprista de Alan García, cuyos líderes han considerado «exagerada y muy extraña» la orden de detención contra Kuczynski cuando hace un año fueron los instigadores del proceso que terminó con su dimisión.
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En este contexto, sin embargo, destaca la posición de los diputados del partido con el que Kuczynski se presentó a las elecciones, hoy disminuido y escindido en varios sectores, algunos de ellos abiertamente hostiles al presidente Vizcarra pese a ser formalmente la bancada oficialista.
Juan Sheput, legislador que renunció al partido oficialista por sus críticas a Vizcarra, calificó la detención del expresidente como una «barbaridad jurídica» y la comparó, paradójicamente, con la posición «blanda» del Poder Judicial «contra quienes sí quieren burlar a la justicia».
De momento, llama la atención el silencio del presidente Vizcarra, aunque el actual primer ministro, Salvador del Solar, quien fuera ministro de Cultura de Kuczynski, ha señalado que es «indispensable» conocer los fundamentos de la medida judicial.
El gobierno de Vizcarra esgrime una frontal política de tolerancia cero ante la corrupción, que ha sido la bandera de su gestión, por lo que precisamente los legisladores de Kuczynski que heredó el presidente se dividieron en esa línea de falla.
Unos, como Sheput, se mantuvieron fieles al expresidente y criticaron la posición intransigente de Vizcarra sobre este tema, al tiempo que buscaron tender puentes con los opositores golpeados por la Justicia.
Otros, que hoy se han mantenido en silencio, apoyaron sin fisuras la lucha contra la corrupción, cayera quien cayera.
EFE