El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó al Congreso de la República el actualizado proyecto de Código Electoral, el cual contiene un conjunto de propuestas sustanciales orientadas a evitar el financiamiento ilícito de las campañas, fortalecer los partidos políticos y perfeccionar la justicia electoral, entre otros aspectos que contribuyen a la consolidación de la democracia del país.
Con este propósito, la iniciativa de la institución apunta a una reforma electoral de carácter integral al unificar y sistematizar en un solo cuerpo normativo toda la legislación electoral, que actualmente se encuentra dispersa y desactualizada, y es hasta cierto punto contradictoria.
Se trata de una propuesta elaborada sobre la base del proyecto de ley presentado por el JNE al Legislativo en abril de 2017. Además, recoge las experiencias de las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) y el Referéndum Nacional de 2018, así como las recientes modificaciones a la normativa electoral aprobadas por el Parlamento entre 2017 y 2018.
De esta manera, se busca dotar no solo a las organizaciones políticas sino también a todo el país de un instrumento normativo que permita el efectivo ejercicio de los derechos de participación política.
Este esfuerzo se suma al realizado por el JNE desde el 2011, año en que presentó al Congreso de la República las propuestas de Código Electoral y Código Procesal Electoral, sin que haya prosperado su debate y aprobación.
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— JNE Perú (@JNE_Peru) April 25, 2019
Sanciones
El actualizado proyecto de Código Electoral propone imponer sanciones políticas, como la cancelación y suspensión, a las organizaciones políticas que incumplan las reglas de financiamiento partidario. Se establece, además, que se rendirán los gastos de campaña al menos en dos oportunidades: durante la campaña y al finalizar el proceso.
Asimismo, plantea que las agrupaciones políticas elijan en elecciones internas, únicamente entre sus afiliados, a los candidatos a presidente y vicepresidentes de la República, gobernador y vicegobernador regional y alcalde, sin que haya la posibilidad de seleccionar para dichos cargos a externos, quienes podrían usarlas como “vientre de alquiler”.
La iniciativa legislativa, impulsada por la gestión de Víctor Ticona Postigo, consta de 363 artículos y dos disposiciones transitorias, y fue presentada para su análisis y eventual aprobación en la Comisión de Constitución y Reglamento.
ANDINA