La Comisión de Constitución que preside Rosa Bartra afirma que trabaja a todo vapor. Y que en su mesa no están solo los proyectos que Martín Vizcarra entregó hace más de un mes, para concretar la reforma política propuesta por la Comisión Tuesta, que son muchos más un gran número de iniciativas de abrumadora complejidad.
Para analizar si la reforma política será o no posible hay que tomar en cuenta el factor tiempo. El Presidente y el Premier reclaman nuevas normas para ser aplicadas en el 2021 y atención urgente a su propuesta porque no es posible modificar las reglas electorales un año antes de los comicios. Por tanto todo cambio deberá hacerse como máximo en menos de un año, es decir antes de abril 2020.
El tiempo manda y hablamos de cuatro reformas constitucionales, entre ellas la de la inmunidad parlamentaria, que deberían aprobarse en la presente legislatura si se quieren vigentes para las próximas elecciones generales.
Difícil muy difícil. Estamos nuevamente en pleno conflicto de poderes. Mientras el presidente Vizcarra exige públicamente al Congreso priorizar los proyectos que entregó hace más de un mes, su titular Daniel Salaverry, responde que trabajarán sus propias propuestas con especialistas de alto nivel y asambleas al interior del país para conocer la opinión de la población.
No hablan el mismo idioma. Los proyectos del Ejecutivo han sido colocados en la categoría de insumo junto a la información que recogerán en las cuatro macro regiones a fin de que la renovación normativa de la política salga de la ciudadanía.
Nuevamente la apelación al pueblo pero esta vez convocado por el Congreso, para opinar sobre la representación, el voto preferencial o la bicameralidad. Ese mismo pueblo que ya tuvo su momento en el referéndum de Diciembre del cual salieron directivas que los legisladores deberían tener en cuenta.
Pero no será así. Según Salaverry la información que pudieran obtener la pondrán a consideración de líderes de opinión de diferentes sectores. Un trámite largo y lento que no se parece al de una reforma sino al de arrastrar voluntades sin posibilidades de concreción, legitimada o no por la población.
Quedarán en el camino la muy importante bicameralidad o la posible elección parlamentaria en la segunda vuelta. El mismo Fernando Tuesta considera muy difícil que los planteamientos de su Comisión sean aprobados para el 2021 si no hay previo acuerdo con el gobierno. Pero la confluencia está lejana, ni prioridad ni debate, los esfuerzos de ambos poderes no van por la misma vía.
No extraña la situación porque el Congreso se ve más preocupado por la embestida judicial por Lava Jato y sus consecuencias contra los políticos y los partidos que en discutir la reforma política. Y esta vez las presiones del Ejecutivo no tendrán el mismo efecto. Ya el Ministro de Justicia, Vicente Zevallos, ha descartado la cuestión de confianza. Si esto es así alguien en el entorno de Martín Vizcarra y de Daniel Salaverry debería decirles que vale más dialogar que imponer. Y que para lograr la reforma política funcionaría mejor el poder blando de persuadir que el poder duro de golpear.