TOKIO/Japón.- Una reciente serie de fallos de inocencia en casos de violación en Japón ha generado polémica y reavivado el debate sobre la ambigüedad de la normativa del país, cuya literalidad interpretativa ha dado lugar a veredictos rocambolescos.
Más de 400 personas se concentraron frente a la Estación de Tokio el 11 de abril para protestar unas sentencias en las que los jueces reconocieron relaciones sexuales no consensuadas, pero exculparon a los agresores al considerar que las víctimas podrían haber ofrecido más resistencia o que la intencionalidad del abuso no quedó probada.
En su veredicto del 12 de marzo, un tribunal de Fukuoka (sudoeste) declaró inocente a un hombre que mantuvo relaciones sexuales con una mujer tan ebria que intercalaba los vómitos con la pérdida de conciencia, porque «malinterpretó» su actitud.
Siete días después un juez de Shizuoka (centro) exculpó a un varón de 45 años de la violación de una mujer de 25 porque consideró que la agresión «no fue intencional» ante la «falta de resistencia» de ella. Su defensa había argumentado que estaba en estado de «shock».
El caso que más revuelo generó fue, no obstante, el fallo de no culpabilidad el 26 de marzo de un tribunal de Nagoya (centro) para un padre que violó varias veces a su hija cuando ésta tenía 19 años, porque el juez no consideró probado que la situación de la joven hiciera que le resultara «extremadamente difícil resistirse».
Las sentencias son «misóginas e injustas», dice a Efe la activista Akiko Matsuo, de 41 años, una de las organizadoras de la protesta tokiota, cuya afluencia esperan repetir en concentraciones convocadas para hoy en la capital, en Osaka (oeste) y en Fukuoka.
«Puede que la cifra sea pequeña comparada con actos celebrados en el extranjero, pero en Japón que una protesta reúna a 400 mujeres es un hito importante», dice la japonesa, sobre todo en un país en el que la violación sigue siendo un tema prácticamente tabú.
Las movilizaciones buscan ser, además, «una protesta contra la sociedad japonesa, que permite que se produzcan estos fallos».
«El reconocimiento de que las relaciones sexuales no consensuadas son violación no ha calado en absoluto entre los hombres japoneses», dice Matsuo, que teme que «estas sentencias fortalezcan la idea de la sociedad japonesa de que las mujeres no tienen derechos humanos».
Para Yumi Itakura, del bufete público de Tokio, estos veredictos «pueden tener una influencia muy negativa y disuasoria» en futuras denuncias.
La letrada, de 47 años, cree que el problema principal radica en que son «una interpretación muy literal» de la ley y muestran una falta de formación en los jueces sobre «la realidad de los casos de violación, incluida la situación psicológica de las víctimas».
En Japón, los criminales sexuales no pueden ser condenados sólo por mantener relaciones sexuales sin consentimiento, es necesario probar que la violencia o intimidación usadas por el agresor hizo que fuera «extremadamente difícil resistirse» para la víctima.
El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (CEDAW) de Naciones Unidas ya ha recomendado sin éxito al gobierno de Japón que ofrezca educación sobre género a jueces, fiscales y personas involucradas en el manejo de este tipo de casos.
La normativa nipona hace, además, una distinción entre agresiones que profesionales como Itakura consideran vejatoria para la víctima.
La violación está tipificada como «relación sexual forzada» en el código penal nipón desde su enmienda de 2017, la primera en 110 años, que permitió, entre otras cosas, reconocer a un varón como víctima.
Si la violación se produce «aprovechando la pérdida de conciencia o incapacidad para resistirse» de la víctima, el término legal es «quasi relación sexual forzada».
Este último fue el cargo levantado en los tres casos mencionados.
Para Itakura los tecnicismos deberían eliminase, porque favorecen que los requisitos para un fallo de culpabilidad «dependan de la mentalidad del juez». «Si no hay consentimiento, todo debería ser violación», opina.
Según el libro blanco sobre criminalidad de la Agencia Nacional de Policía de Japón, en 2018 hubo 1.307 denuncias por violación en el país y 5,340 casos de delitos sexuales de otro tipo.
Itakura considera que las cifras no reflejan los casos reales, «porque la mayoría de las víctimas no denuncian».
El número de procesamientos es menor. Según el último informe anual de la fiscalía, un 36.6% de los casos de delito sexual (desde violaciones a incidentes de acoso) acabaron en los juzgados en el 2017.
Esto se debe, explica la abogada, a que hay casos que se resuelven con un acuerdo previo o a que las víctimas no quieren ir a juicio y sentir que han revivido la experiencia en balde.
EFE/Foto: letrasfinas.com