RÍO DE JANEIRO (Brasil).- Un juez de Río de Janeiro autorizó el levantamiento del sigilo bancario y fiscal del senador brasileño Flavio Bolsonaro, uno de los hijos del presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por corrupción, según versiones de prensa que la Presidencia se negó a comentar este lunes.
La decisión, que la Justicia tampoco confirmó por tratarse de un proceso bajo sigilo, fue divulgada por el diario O Globo de Río de Janeiro pero la Presidencia la dio como un hecho al indicar que cualquier información sea solicitada al propio senador.
«El presidente, como es de rutina en asuntos sobre la Justicia, pidió que las preguntas sean dirigidas a las personas involucradas. En este caso les pido que las dirijan al senador citado», afirmó el vocero de la Presidencia, Otavio do Rego Barros, en una rueda de prensa en el Palacio de Planalto.
El vocero del jefe de Estado negó que el presidente se hubiera referido al levantamiento del sigilo bancario de su hijo cuando comentó la semana pasada que se estaba preparando para un «tsunami».
«El presidente tendría que ser vidente para anticipar que el tsunami sería el levantamiento del sigilo del senador Flavio Bolsonaro«, afirmó Do Rego Barros al dar a entender que la información tan sólo trascendió este lunes.
Flavio Bolsonaro, el hijo mayor del líder ultraderechista y que fue elegido senador por el estado de Río de Janeiro en octubre pasado, está en la mira de la Fiscalía desde el año pasado por movimientos financieros atípicos en su cuenta bancaria y en la de excolaboradores suyos en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro.
La investigación comenzó a raíz de sospechas sobre movimientos bancarios irregulares de Fabricio Queiroz, un exasesor de Flavio Bolsonaro, detectados por el Consejo de Control de Actividades Fiscales (Coaf), órgano ligado al Gobierno brasileño.
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De acuerdo con el Coaf, por la cuenta bancaria de Queiroz pasaron en el periodo de un año 1.2 millones de reales (hoy unos 320,000 dólares), una cifra que contrasta con sus ingresos mensuales, que en la época eran de poco más de 20,000 reales (unos 5,500 dólares) por mes.
El organismo fiscal también detectó que Queiroz depositó 24,000 reales (6,400 dólares) en una cuenta de Michelle Bolsonaro, esposa del jefe de Estado brasileño y quien no declaró ese dinero a las autoridades competentes.
El mandatario no es investigado en el caso, pero ya aclaró en declaraciones a los periodistas que ese dinero correspondió a la devolución de un «préstamo» que él mismo hizo en el pasado a Queiroz, a quien dijo conocer desde hace años.
La Fiscalía brasileña ha intentado interrogar a Queiroz y al hijo de Bolsonaro, pero ninguno de ellos se ha presentado pese a haber sidos convocados para declarar.
De acuerdo con la información divulgada este lunes por el diario O Globo, el juez Flavio Nicolau, uno de los magistrados del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, ordenó el levantamiento del secreto bancario de Flavio Bolsonaro y de Queiroz, así como de varios de los asesores del entonces diputado en el Legislativo regional.
La decisión, que permite a los fiscales acceder a las cuentas bancarias del senador entre enero del 2007 y diciembre de 2018 y a sus datos fiscales entre el 2008 y 2018, fue tomada el 24 de abril pasado y era mantenida en sigilo.
En una entrevista publicada este lunes por el diario O Estado de Sao Paulo, Flavio Bolsonaro afirmó que la investigación es ilegal y que los fiscales responsables por la misma tan sólo busca perjudicar el Gobierno de su padre.
Agregó que la Fiscalía había solicitado el levantamiento del sigilo para darle una «pintura» de legalidad a la investigación debido a que los fiscales ya habían obtenido acceso a todos los datos sin autorización judicial.
En un comunicado de respuesta, la Fiscalía de Río de Janeiro afirmó que «su actuación es exenta y apartidaria, y enmarcada en las normas y principios constitucionales, así como en la legislación».
Agregó que el senador no ha ofrecido explicaciones sobre los movimientos sospechosos y «está haciendo esfuerzos para intentar invocar el fuero privilegiado ante la Corta Suprema para intentar interrumpir las investigaciones».
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