Una reciente encuesta de la Universidad del Desarrollo, difundida por el propio diario El Mercurio (21 de abril), ha dejado al desnudo las debilidades de nuestro sistema institucional. Si por “democracia” se ha entendido el gobierno del pueblo y por el pueblo, lo cierto es que hoy en Chile los ciudadanos prácticamente no reconocen poder alguno sobre las decisiones de la política. De allí, entonces, los altos niveles de abstención electoral y la falta de representatividad popular de quienes son escogidos para integrar el Gobierno, el Parlamento y las municipalidades.
Ante la pregunta sobre cuáles cree usted que son las instituciones que más influencia tienen en las decisiones gubernamentales, un 44 por ciento de los encuestados cree que son las empresas las que más inciden en tal sentido, seguido de quienes le asignan a los medios de comunicación ser también muy decisivos al aspecto. Los mismos partidos oficialistas solo contribuirían un siete por ciento en la toma de decisiones y, después de ello, los sindicatos, las FFAA, las iglesias y la ciudadanía no pasan de ejercer un cuatro por ciento de influjo.
Llama la atención también en este sondeo que más 55 por ciento de los encuestados piense que no tiene ninguna influencia en lo que hacen las autoridades, con lo que se consolida la pobre matriz republicana de nuestro orden político institucional. De allí, además, que en el Chile de hoy exista un 45 por ciento de personas que le interese muy poco o nada la política, en contraste con la cifra del 12 por ciento que todavía le importa mucho.
Las cifras son ciertamente dramáticas si se las compara con otros países en que el ejercicio ciudadano es relevante y la política mantiene el interés de la población, aunque la decepción respecto de sus actores parece ser un fenómeno muy universal y creciente. Lejos hemos quedado de ese fervor ciudadano que se expresaba en los primeros comicios de la pos dictadura. Algo que hoy recién preocupa a las clases dirigentes y desde el Servicio Electoral se gastan recursos para estimular el sufragio en un país en que el derecho a voto es voluntario.
Hay países considerados democráticos en que la concurrencia a las urnas no es muy masiva o suele ser fluctuante entre una y otra elección. Sin embargo, los ciudadanos de todas maneras sienten que están representados por sus gobiernos y parlamentos. Además de asignarle alguna capacidad y dignidad a los diversos partidos y líderes políticos y sociales. En contraste con ello, la misma encuesta que comentamos ratifica aquellos que es ya vox populi: la desconfianza general que existe respecto de la llamada “clase política.
En efecto, apenas un 12 por ciento de nuestra población cree que sus diputados y senadores se esfuerzan por cumplir las promesas que le hicieron al electorado, mientras que más de un 66 por ciento piensa que nuestros legisladores no procuran hacer lo que más le conviene al país. Toda una realidad que en los hechos nos resta autoridad moral para darles lecciones de democracia a los otros países de nuestro entorno regional. La constatación de cifras que se hacen despreciables, además, frente a los estándares democráticos de muchos países del mundo.
Es acertado asegurar también, a la luz de este sondeo, que el gobierno actual parece más de los empresarios que de los trabajadores; digitados mucho más por las instituciones patronales que por los partidos políticos, las agrupaciones laborales y de la vida civil. Una realidad que debe ser de suyo indicativa de los niveles de corrupción que a diario se alcanzan en los más distintos campos, así como de la impunidad que favorece a las colusiones empresariales y políticas.
Si se añaden a los resultados de esta encuesta los múltiples indicadores de la percepción social que existen frente a nuestra pretendida democracia, podrán sacar, por supuesto, el aumento de la inseguridad y el desarrollo de la delincuencia común. El hecho de que la violencia se haya hecho ya el pan de cada día y se instale como el alimento sustancial de los noticiarios de la televisión y radio, como de los titulares de la prensa y de las redes sociales.
La desconfianza que hoy, por añadidura, sabemos que existe respecto de la probidad de nuestros tribunales y de la idoneidad de las mismas instituciones intelectuales y religiosas estimula en las víctimas la necesidad de hacerse justicia por su propia mano, además de evadir o eludir las disposiciones tributarias y hasta las leyes del tránsito, cuando se descubren los más voluminosos fraudes fiscales en las propias policías y los militares. Conmociona en tal sentido que un país que se proclamaba probo, casi incorrupto, hoy iguale o supere a tantos otros en esta lacra. Incluso en lo que toca a los abusos cometidos por sacerdotes y obispos, nos da la impresión que Chile, en relación a su tamaño, es el que ha demostrado una de las peores condiciones.
Tampoco parece ser muy encomiable que en relación a su actividad laboral el 45 por ciento de los empleados estime que el trabajo es solo una manera de ganar dinero. Que tantos chilenos tengan como incentivo solo obtener plata ejerciendo sus empleos, por lo que debemos desprender que la mayoría trabaja insatisfecha en un país en que el salario es mínimo o muy precario para la amplísima mayoría de los trabajadores. Y que debiéramos felicitarnos de que muchos compatriotas e inmigrantes se asuman como vendedores ambulantes antes de llegar a delinquir para generarse su sustento. Junto con tener que defenderse de la represión policial que los apalea y les confisca sus mercancías, mientras los micro traficantes, por ejemplo, se desenvuelven con mucha más seguridad.
Fuente: barometrolatinoamericano.blogspot.com