QUITO (Ecuador).- La Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) denunció este jueves que el acceso a la información pública en Ecuador está sometido a una «cultura de ocultamiento» y que hay «muy pocos avances» en el Gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno.
César Ricaurte, representante de Fundamedios, afirmó en una rueda de prensa en Quito, que aún existe una «cultura del ocultamiento, del silencio y del secretismo», por parte de las instituciones públicas a la hora de brindar información.
Así lo afirmó al presentar el informe sobre el cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública» (Lotaip), incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Ricaurte comentó que en el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), los «funcionarios públicos no se sentían obligados a dar entrevistas» y que a pesar de que hay mayor apertura para los medios de comunicación, «no han habido muchos avances».
«Si bien los funcionarios son más abiertos para dar entrevistas, la cultura del ocultamiento y del silencio se mantiene», insistió el representante de Fundamedios.
De acuerdo al informe, el principio de transparencia se ve limitado por parte de las entidades públicas, pues la información publicada en cada portal web, sobre las gestiones administrativas y financieras «resulta insuficiente».
El documento añade que «una página web con información mínima no es facilitar el acceso a la información», por lo que Ricaurte comentó que el país debe reformar la ley establecida hace 15 años.
En ese sentido, Martha Roldos, representante de la web «Mil Hojas», consideró que la digitalización de la información pública «ha creado menos acceso y más barrera de entradas».
Los ciudadanos requieren entregar mayor información para acceder a los documentos, es una «barrera informática», enfatizó.
De su lado, Juan Carlos Calderón, director del portal «Plan V», manifestó que «sin acceso libre y sin que los funcionarios públicos sean transparentes, no es posible la lucha contra la corrupción».
Y añadió que al negar la información los afectados no solo son los periodistas, ni la sociedad civil, sino también los funcionarios públicos.
Entre los casos emblemáticos que se registran en el informe, figura el de «Mil Hojas» y el Ministerio de Educación, cuando en el 2018 solicitaron información sobre los casos de violencia sexual en el sistema educativo.
Según, las dos delegaciones la información entregada tras la solicitud fue imprecisa, por lo que se volvió a pedir datos y el Ministerio manifestó que la información ya fue entregada.
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