El presidente, Martín Vizcarra, lanzó este martes un duro e inesperado desafío al Congreso peruano, dominado por la oposición, a cuenta de la reforma política que impulsa su gobierno y que entre otros temas pretende modificar la inmunidad parlamentaria de los legisladores.
Vizcarra llegó sin avisar y sin ser invitado a la sede del Congreso acompañado por el primer ministro peruano, Salvador del Solar, y el ministro de Justicia, Vicente Zeballos, quienes habían sido citados por la Comisión de Constitución.
Allí presentó una carta en la que señalaban su negativa a participar en ese encuentro porque no existen «las condiciones para debatir», lo que abre la puerta a un recrudecimiento de los enfrentamientos entre ambos poderes del Estado.
El mandatario tomó esta medida en respuesta a la decisión de esa comisión de archivar un proyecto de ley del Gobierno para modificar la inmunidad parlamentaria y permitir que la Corte Suprema pueda desaforar a los legisladores, una de las medidas lanzadas como parte de la reforma política contra la corrupción.
En una breve intervención ante la prensa en el Congreso, Vizcarra denunció ese archivo del proyecto -que implica suprimir ese tema de cualquier debate- como una «actitud que indica que no hay voluntad de cambio» por parte de los legisladores.
Vizcarra resaltó su indignación apuntando que apenas 24 horas antes del archivo de esa medida, él personalmente había mantenido reuniones con todas las bancadas parlamentarias y que todas le habían expresado su voluntad de impulsar la reforma.
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«Este es uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo, debatir los cambios sobre la inmunidad para que no sea impunidad», dijo Vizcarra.
Ante la visita inesperada de Vizcarra, el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, criticó el comportamiento del gobernante y señaló que «si el presidente está preparando el terreno para un posible cierre del Congreso, que sea sincero y que lo diga». «No tenemos miedo, no le tenemos miedo», apuntó.
Salaverry opinó que «el presidente no puede pretender que cada uno de sus proyectos tenga que aprobarse sí o sí». «No estaríamos en una democracia. ¿Para qué tenemos Congreso entonces? Dejemos que él gobierne el país mediante decretos legislativos y que cierre el Congreso», señaló.
Al mismo tiempo, la congresista fujimorista Alejandra Aramayo presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución e impedir que Vizcarra pueda aspirar a una reelección inmediata en los próximos comicios de 2021, a pesar de que el gobernante ha reiterado que no tiene intención alguna de revalidar el cargo.
La inmunidad parlamentaria protege en Perú a los congresistas de arresto o de ser procesados por delitos comunes, salvo delito flagrante, sin que previamente lo autorice el Congreso.
Todo este conflicto se produce ante sonados casos de abuso de la inmunidad, como el del general retirado del Ejército Edwin Donayre (Alianza Para el Progreso), condenado a cinco años de prisión por robar gasolina de las Fuerzas Armadas, pero al que el Congreso protegió hasta agotar el último recurso contra el fallo, lo que le dio tiempo para pasar a la clandestinidad.
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Al menos otros tres diputados de todo el arco parlamentario han sido condenados por la Justicia peruana, pero no han ingresado en prisión, mientras que otros muchos son investigados por la Fiscalía, casi todos por actos de corrupción.
Moisés Mamani, fujimorista acusado de tocamientos indebidos a una azafata, fue despojado de su inmunidad tras meses de presión en una votación que se realizó en vísperas de la celebración del Día de la Mujer.
El recrudecimiento del conflicto también se produce tras meses de bajada continua de la aprobación presidencial en las encuestas de opinión.
La reacción parlamentaria fue inmediata, y la expresidenta del Congreso, la fujimorista Luz Salgado, afirmó que «no entiende lo que pretende» el Gobierno con esta medida y afirmó que están rompiendo la posibilidad del diálogo.
«El Congreso no puede quitarse la inmunidad, no podríamos denunciar. Me parecía que (el Gobierno) había entendido este tema. Lástima que pretendan presionar a un órgano del Estado y eliminar la oportunidad de dialogar», afirmó.
Otros, como el diputado izquierdista Humberto Morales, cuyo bloque no se opone a la eliminación de la impunidad, calificó las acciones del presidente como un «show mediático» y apuntó que el Ejecutivo debió acudir al debate.
«No creo que hayan pateado el tablero, pero lo que hay que hacer es debatir el tema, y esto debería dar una solución. Le puede incomodar, pero esto es un Estado de Derecho. Hay que debatir directamente», añadió.
EFE/Video RPP Noticias