La profunda crisis política e institucional de Perú llega este martes a un nuevo punto álgido con la cuestión de confianza a la que se somete en el Congreso el gobierno del presidente Martín Vizcarra y que puede terminar en la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones.
Esta situación es fruto de una cadena de acciones y omisiones que se arrastran desde las elecciones presidenciales y legislativas de 2016 y está teñida de principio a fin por la mancha de la corrupción en todos los estamentos del Estado peruano, causa última de la tensa situación.
UNA ELECCIÓN DIVIDIDA
El 10 de abril de 2016 las elecciones generales dejaron a Fuerza Popular (derecha populista) como el partido más votado bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.
Fujimori obtuvo una mayoría aplastante en el Congreso (73 sobre 130 diputados), pero quedó a las puertas de la Presidencia al no lograr el 50 % de los sufragios válidos.
Fujimori enfrentó en segunda vuelta al liberal Pedro Pablo Kuczynski, quien contra pronóstico logró el voto del 50,12 % de los peruanos y la derrotó por un margen de 40.000 votos.
El resultado dejó un presidente con un escaso apoyo parlamentario y con un tenue apoyo popular y a una oposición mayoritaria en el Congreso, sorprendida y ofendida por una derrota que no esperaba.
La oposición a Kuczynski fue implacable y el Congreso forzó de forma sistemática interpelaciones y renuncias en el Gobierno.
En septiembre de 2017, negó la confianza al primer ministro de Kuczynski, Fernando Zavala, y obligó a la dimisión de todo el Gobierno.
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En retrospectiva ese paso fortaleció al Ejecutivo, ya que la Constitución peruana habilita al presidente a disolver el Parlamento si este le niega la confianza a dos gabinetes.
Con cuatro años de legislatura pendientes, Fuerza Popular había quemado ya casi toda su pólvora.
Esa oposición beligerante causó fisuras en el partido, particularmente entre los hermanos Keiko y Kenji Fujimori, este último partidario de ayudar a Kuczynski para lograr un indulto para su padre, Alberto, preso por delitos de lesa humanidad.
ODEBRECHT, ODEBRECHT, ODEBRECHT
En febrero de 2017 se supieron los primeros detalles de la gigantesca trama de sobornos de la constructora Odebrecht en Perú, una enorme red de corrupción que abarcó prácticamente a todos los partidos y líderes políticos del país.
De un plumazo, al enfrentamiento político se le unieron choques legales y jurídicos, que tuvieron su eco en el Congreso tanto como entre la opinión pública.
Acosado por Odebrecht, Kuczynski afrontó a finales de 2018 un pedido de destitución impulsado y apoyado por Fuerza Popular.
En ese contexto, el mandatario finalmente usó la carta del indulto y liberó al expresidente, ganándose así al grupo liderado por Kenji, que con sus votos lo salvaron de la destitución entre la indignación de gran parte de la opinión pública.
Sin embargo, apenas tres meses después, mientras las revelaciones de Odebrecht embarraban más y más al presidente, y sin respaldo alguno en el Congreso, Kuczynski dimitió antes de someterse nuevamente a un proceso de destitución que iba a perder.
Martín Vizcarra asumió la presidencia como una gran incógnita, mientras nuevas revelaciones apuntaban a que Keiko Fujimori habría recibido financiación de Odebrecht y favores de otra red de corrupción inserta en el Poder Judicial.
CHÁVARRY Y LOS CUELLOS BLANCOS
En junio de 2018, se supo de la existencia de una trama de jueces y fiscales de alto rango que traficaban con favores y prebendas, conocidos como «Los Cuellos Blancos».
Un juez supremo, César Hinostroza, y el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quedaron expuestos como supuestos integrantes de esta red, que habría ayudado a Fujimori en sus problemas legales.
Hinostroza fue protegido por Fuerza Popular hasta que huyó a España, así como Chávarry, quien en su papel como jefe de la fiscalía intentó torpedear por activa y pasiva a los fiscales que investigaban a Fujimori.
Ante el creciente clamor popular, Chávarry renunció al cargo de fiscal de la Nación, pero aún sigue amparado en su inmunidad legal y se mantiene como fiscal supremo, respaldado por el fujimorismo.
Vizcarra, que asumió como principal política de Estado el combate a la corrupción, forzó un referéndum de reforma constitucional enfocado en esa lucha, que fue apoyado masivamente por la ciudadanía.
El Congreso accedió a regañadientes a esa reforma y prometió llevarla a cabo, bajo la mirada de una opinión pública que tiene una nefasta visión del Parlamento.
Sin embargo, los fujimoristas siguieron protegiendo a Chávarry y han evitado procesar las reformas, motivos que llevaron a Vizcarra a confrontar nuevamente al Congreso bajo la amenaza de disolverlo legalmente, amenaza que esta vez si puede llevar a cabo.
EFE/Fotos EFE