Desde el 7 de abril de 2018, Lula cumple prisión en la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, por aparentemente haber recibido un lujoso apartamento triplex en la ciudad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, de la constructora OAS, a cambio de favorecer a la compañía en contratos con la petrolera estatal Petrobras.
En febrero recibió otra condena a 12 años y 11 meses de cárcel por las reparaciones que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida al expresidente en Atibaia, Sao Paulo, como pago a sus favores políticos.
Ante las acusaciones, el exsindicalista insiste en que resulta víctima de una verdadera persecución política y que luchará hasta el final por su dignidad.
Según la legislación brasileña, los presos pueden acogerse a la libertad parcial una vez cumplido un sexto de sus condenas.
La defensa del exgobernante indicó que Lula está preso desde hace más de un año y por eso debe cumplir el resto de la pena en casa.
De acuerdo con los abogados, el fundador del Partido de los Trabajadores ya cumple el requisito del cumplimiento de un sexto de la pena, lo que autoriza el cambio del régimen cerrado a semiabierto.
Recordaron que como no hay establecimiento que garantice seguridad para que el exmetalúrgico salga y vuelva todos los días a la cárcel debe cumplir la pena en casa, en régimen abierto.
La recomendación de la subprocuradora federal Áurea Lustosa Pierre por régimen semiabierto fue presentado la semana pasada ante el STJ que no tiene fecha definida para tratar la petición de la defensa de Lula.