El acuerdo que firmó y homologó el Poder Judicial del Perú, entre la empresa Odebrecht y el Equipo Especial Lava Jato, contempla cláusulas que los colaboradores eficaces acatarán con la advertencia de que el beneficio puede ser revocado.
El Comercio informa que de acuerdo con el documento suscrito por la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, sus beneficiarios son el exdirector de Odebrecht en Perú Jorge Barata, así como otros exfuncionarios brasileños como Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti, Antonio Carlos Nostre Junior y la misma empresa Norberto Odebrecht como persona jurídica.
El acuerdo establece que las personas naturales, es decir los cuatro exfuncionarios de Odebrecht, quedarán exentas de pena ni pagarán reparación civil, pues esta la asumirá las empresas Norberto Odebrecht, Constructora Norberto Odebrecht S.A. Sucursal Perú, así como Odebrecht Peru Ingeniería y Construcciones SAC.
«Se detalla que, por acuerdo de partes, el pago de la primera cuota extingue la responsabilidad civil en relación a los colaboradores eficaces (personas naturales: Jorge Henrique Simoes Barata, Ricardo Boleira Sieiro Guimaraes, Renato Ribeiro Bortoletti y Antonio Carlos Nostre Junior), manteniéndose la solidaridad respecto de las precitadas empresas», según se indica.
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El documento fija que los S/610 millones comprenden daño patrimonial y extrapatrimonial. Este monto, explicó la jueza en el acuerdo, será «cancelado en quince armadas».
Y los pagos se realizarán hasta 2034, de acuerdo con el cronograma de pago acordado con la empresa brasileña.
El documento establece asimismo que entre las obligaciones que cumplirán los colaboradores eficaces, estará la de «no cometer nuevo delito doloso dentro de los diez años siguientes de habérsele otorgado el beneficio».
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Otras obligaciones son informar de todo cambio de residencia al Ministerio Público y de ejercer oficio, profesión u ocupación lícitos.
«Corresponde al Ministerio Público el control de su cumplimiento; y su informe al órgano jurisdiccional en los términos que la ley ha reservado. Precisándosele a los sentenciados que en el supuesto de incumplirlas, la fiscalía podrá solicitar al juez que otorgó el beneficio premial su revocatoria», alertó la jueza Álvarez Camacho en el Acuerdo de Colaboración.
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