Una nueva filtración de documentos de la constructora brasileña Odebrecht reveló el presunto pago irregular de 3 millones de dólares relacionados con la adjudicación de la construcción del Gasoducto Sur peruano durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016).
La información fue divulgada ayer martes por el portal de investigación periodística peruano Convoca, bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Indicó que en los archivos de la División de Operaciones Estructuradas de la compañía brasileña «se registran 17 pagos relacionados a la millonaria concesión adjudicada a un único postor» durante el régimen de Humala.
El medio recordó que Odebrecht, que este febrero suscribió un convenio de colaboración con la Fiscalía de Perú, «hasta el momento no reconoce actos de corrupción respecto al Gasoducto del Sur».
Esa concesión le fue adjudicada por más de 7.000 millones de dólares en junio de 2014, en una licitación que originó investigaciones fiscales por la presunta comisión de delitos de colusión y negociación incompatible en las que se ha implicado a la esposa de Humala, Nadine Heredia.
En el acuerdo de colaboración con la Fiscalía, que fue homologado la semana pasada por la Justicia de Perú, Odebrecht solo admite haber pagado sobornos en el país para hacerse con las obras para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, el Metro de Lima, la Costa Verde del Callao y la Vía de Evitamiento del Cusco.
La investigación periodística señaló, sin embargo, que en la plataforma secreta de comunicaciones Drousys, que usaba la constructora, «aparecen pagos referidos a «Gasoduto Sul Peruano» (denominación de la obra en portugués), cuyos destinatarios finales están ocultos bajo seudónimos (codinomes)».
«Se trata de 17 transferencias de dinero asociadas al Gasoducto del Sur, que suman 3 millones 70 mil dólares, realizadas entre el viernes 19 de setiembre y miércoles 12 de noviembre de 2014, es decir poco más de tres meses luego del otorgamiento de la buena pro de la referida concesión a Odebrecht», acotó.
En los presuntos pagos irregulares relacionados con el gasoducto figuran diez personas, identificadas solo con sobrenombres, como destinatarias de los abonos de dinero, con sumas que van de 20.000 a 700.000 dólares.
También aparecen siete compañías intermediarias como «beneficiarios» utilizados para canalizar los más de 3 millones de dólares, algunas de ellas creadas en las Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Belice y Panamá.
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Convoca sostuvo que entre estos pagos supuestamente están dos montos, por un total de 240.000 dólares, a una empresa que tiene como presidente y director al actual vicepresidente regional de la provincia limeña del Callao, Constantino Galarza.
El funcionario negó el pasado 21 de junio al portal de investigación IDL-Reporteros que haya tenido negocios vinculados con Odebrecht o el Gasoducto del Sur, aunque Convoca señaló que este martes «cambió su versión» y dijo que en 2015 acordó brindar asesoría financiera para un ducto de transporte de gas licuado que se iba a construir en paralelo al Gasoducto del Sur.
Convoca agregó que, en respuesta a un cuestionario enviado por el ICIJ, portavoces de Odebrecht señalaron que «no iban a poder contestar de forma detallada e individual a las preguntas remitidas» debido a que los procesos de colaboración con distintas fiscalías y autoridades en diversos países implican reserva y confidencialidad,
«Odebrecht seguirá haciendo todos los esfuerzos ante las autoridades competentes en un régimen de colaboración irrestricto, siempre y cuando se respeten la premisa básica de garantía de la seguridad jurídica y los compromisos asumidos por la empresa para una actuación ética, integra y transparente», indicaron.
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El abogado Wilfredo Pedraza, quien defiende a Humala y Heredia, aseguró, por su parte, que no hay evidencia «directa ni indirecta» que implique en el caso del Gasoducto del Sur a la ex primera dama y dijo que esta «solo fue mencionada por un supuesto colaborador eficaz, cuya versión no ha podido ser corroborada».
Por el caso Odebrecht, en Perú están imputados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), cuya extradición ha sido pedida a las autoridades de Estados Unidos, y Ollanta Humala (2011-2016), quien ya pasó nueve meses en prisión preventiva, junto con su esposa.
Además, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), quien cumple 36 meses de arresto domiciliario, mientras que Alan García (2006-2011) se suicidó en abril pasado, cuando iba a ser detenido.
Asimismo, la líder opositora Keiko Fujimori cumple 36 meses de prisión preventiva desde fines de octubre pasado, al igual que la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán, a quien se le ha dictado 24 meses de cárcel mientras es investigada.
EFE