La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), en trabajo conjunto con el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) realizó este 1 de agosto el especial de radio pública «Ayala en la memoria», con motivo de los 35 años de la desaparición del periodista Jaime Ayala Sulca en el Cuartel de Infantería de la Marina de Huanta.
El programa abordó la situación actual del caso Ayala, los trabajos pendientes del Estado y de la Sociedad Civil, entre otros temas complementarios que ayudaron a entender la realidad general de los desaparecidos en el Perú.
Asociación Nacional de Periodistas recuerda a Jaime Ayala con un especial de radio
Rosa Pallqui Medina, esposa del desaparecido periodista Jaime Ayala Sulca, declaró que, a la actualidad no cuentan con respuesta alguna por parte del Estado tras la desaparición de su esposo cuando este ingresó a la Base Militar de la Marina en Huanta en 1984.
Pallqui Medina menciona que, a las 10 de la mañana del 2 de agosto de 1984 Ayala Sulca ingresó a la Base Militar de la Marina, acantonada en el Estadio Municipal de Huanta siendo visto por diversos testigos que a su vez jamás lo vieron salir del recinto. Ella recuerda que, a cuadras de distancia, con su bebe en brazos, no pudo ver ingresar a su esposo, pero si muchos pobladores que a los alrededores buscaban a sus familiares desaparecidos. A pesar de ello el hecho fue negado por los marinos, sin embargo, tras la presión mediata de los años, la Marina de Guerra emitió un comunicado señalando que Ayala si ingreso y salió de dicha base, por lo que ella señala que actualmente están libres los culpables.
“Tras la negatividad de la Base Militar hablamos con diversas autoridades entre eclesiásticos, Fiscal de la Nación e incluso el presidente Belaunde Terry, por lo cual se formó una Comisión encargada de investigar que Jaime sí ingresó y los responsables eran las autoridades de dicha Base” añadió Rosa Pallqui. Pasaron los años y los diversos gobiernos de turno truncaron las investigaciones.
Pallqui, también remarcó que su denuncia fue enviada a Lima por el fiscal de Ayacucho, Abelino Cáceres siendo el juez Omar Pimentel que casi archiva el caso, basándose en que los acusados ya no eran funcionarios públicos dejando de ser juzgados. El caso volvió a la fiscalía tras una apelación hecha a la Corte Suprema, retomándose varios años después la vista de causa.
Juan José Quispe (abogado del caso Ayala) señala que el pasado 12 de julio se realizó la audiencia de control de acusación donde se cita a todas las partes de los más de 50 casos que reúne la Fiscalía ocurridas entre julio y agosto de 1984 en Huanta. Esta cantidad perjudica al caso Ayala viéndose retrasado por el número de casos donde ya fallecieron sus testigos.
Explicó que, en el caso Ayala las pruebas a presentar son: los testimonios de las personas y familiares que lo vieron ingresar a la Base de Infantería de la Marina, además dentro de la propia base hubo testigos que le oyeron, siendo ello de gran fundamento para explicar que el periodista si estuvo ahí.
Actualmente, el caso cumple con la norma procesal por lo que se solicita que el tribunal no prescriba el caso – pues ya se han identificado a los testigos-, que se establezca una reparación civil y se haya identificado a la victima
Asimismo, Zuliana Lainez (Secretaria General de la ANP) señala la importancia de tener en cuenta que en el Perú hay 3 periodistas desaparecidos, por ello, el tema de memoria y justicia es una de las ramas más importantes del trabajo gremial.
De igual forma mencionó que «el caso Ayala es uno de los casos más emblemáticos, no sólo por la pérdida de un familiar, sino por esa desgracia mayor que es el no tener ni siquiera un cuerpo a velar”.
También mencionó: «la ANP no olvida a los miles de anónimos en este país, por lo que las familias también cuentan con nuestro apoyo y el de los diversos colectivos de derechos humanos. Nuestro papel como ANP es el de apoyar y recordar que tenemos un colega que entró a un Base Militar en el estadio de Ayacucho y luego no se supo más de él».
ANP: Comité Ejecutivo exige justicia para periodista Jaime Ayala
Sandy Martel, del Directorio General de Búsqueda de Personas Desaparecidas (DGBPD) del Ministerio de Justicia (MINJUS) menciona que dicha área tiene por objetivo darles una respuesta oficial a los familiares que por mas de 30 o 35 años cuentan con alguna persona desaparecida. Señala que Ayacucho es la ciudad con más personas desaparecidas seguido de Huánuco -en la selva central-, el alto Huallaga, entre otras zonas. Actualmente el DGBPD registra nuevas desapariciones, por lo que se les está registrando mediante una ficha de primer contacto, de igual forma, establece criterios para responder según sea el caso.
Asimismo, Martel acotó que como acción concreta tendrá el papel de coadyuvar con la Fiscalía los casos pendientes recuperar el tema como sucede con el caso de Jaime Aliaga. También, se generará una campaña de toma de muestras de ADN mediante el banco de datos para los familiares y testigos involucrados en el tema. Finalmente, expresó que «hemos quedado en ir con la señora Rosita y sus familiares, además de una mesa de acompañamiento».
Por otro lado, Manuel Burga (Director del LUM) añadió que la labor del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social tiene por labor recordar para no olvidar y la reparación moral mediante la toma de conciencia educando a la sociedad, ya que son hechos irrepetibles. Por tal motivo, como parte de una sala permamente en este recinto, el testimonio de Rosa Pallqui es uno de los 18 testimonios más escuchados.
Susana Cori, responsable del Programa de Personas Desaparecidas del Comité Internacional de la Cruz Roja para Perú, Bolivia y Ecuador señala que dicho programa tiene como función principal, desde los años 80, acompañar la búsqueda de personas desaparecidas, así como el apoyo directo a los familiares para que puedan fortalecerse y lograr realizar sus demandas ante las autoridades en el proceso de búsqueda. Por tal motivo, se aclara que es general todo el apoyo brindado por el programa de personas desaparecida, ya que éste no participa en casos puntuales como podría ser exclusivo en el caso Ayala.
Cori añade que dicho programa cuenta con dos formas de buscar personas desaparecidas: inicialmente se cuenta con la instancia fiscal, previa denuncia y la instancia administrativa, sin que tengan la necesidad de exigir justicia, siendo atendida todas las necesidades de la familia. Asimismo, brindan apoyo directo a los familiares y estos puedan estar presente a las exhumaciones de los cuerpos de sus familiares. De igual forma, al Estado les dan asistencia técnica, haciendo incidencia con la sociedad civil.
Yngrid Cabrera, comisionada de la Adjuntía para Derechos Humanos y de Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, finalizó señalando que el Estado Peruano no viene cumpliendo ninguna de las normas y/o mandatos judiciales e internacionales establecidos hasta la fecha, puesto que no existe en el Estado una política de reparación para las víctimas de violencia en el periodo del 80 al 2000. Cabrera remarca que el Estado Peruano no se ha comprado el tema de la reparación y no existe un presupuesto para las victimas de 1980, y que sólo en el aspecto salud existe un presupuesto muy pequeño. «Desde la defensoría esperamos que luego de 35 años, las victimas por fin sean reparadas y reconocidas por el Estado peruano con un presupuesto asignado y concluir las reparaciones civiles».
Todas estas declaraciones fueron realizadas en el programa especial «Ayala en la memoria», que fue transmitido desde la Sala Mamá Angélica del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social.
Texto: Lizbeth De La Cruz Vásquez
Fotos: María Ceballos Quijada
