El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria acogió la denuncia fiscal y abrió investigación sumaria a Pedro Chávarry por el delito de encubrimiento real, es decir por dificultar la acción de la justicia.
El caso se origina por dos actuaciones emprendidas por Chávarry cuando era fiscal de la Nación. Primero, exigir al Equipo Especial Lava Jato información sobre los avances del preacuerdo reservado de colaboración eficaz entre Odebrecht y la justicia peruana, y, segundo, remover a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en pleno año nuevo.
Ambos fueron hechos gravísimos que ocurrieron con la evidente intención de obstaculizar la lucha contra la corrupción de Odebrecht y forzaron a Chávarry a renunciar como fiscal de la Nación, en medio de una presión ciudadana masiva.
Recordemos que sobre Chávarry pesaron varias acusaciones constitucionales y un pedido de remoción del cargo de fiscal supremo, pero en un asqueroso ejercicio, repudiado por el Perú entero, una y otra vez la mayoría del Congreso lo blindó, impidiendo que se le investigue por participar en una organización delictiva y por encubrimiento personal, acusaciones mucho más graves.
Para comprender la gravedad de los hechos a los que nos enfrentamos, así como la clase de personaje que es Pedro Chávarry, habría que entender que ésta es la primera vez en la historia de nuestro país que un fiscal supremo en actividad afronta un proceso penal.
Chávarry podría recibir una pena de cuatro años por encubrimiento real, pero el caso tendría efectos más próximos. La Fiscalía podría solicitar su suspensión como fiscal supremo, lo que -tomando en cuenta la evidente capacidad de influir en el proceso que tiene- tendría que ser una medida inmediata.
Las consecuencias de la suspensión de Chávarry serían capitales, pues rompería el actual balance de la junta de fiscales supremos, donde se sientan tres fiscales señalados de pertenecer a la mafia de «Los Cuellos Blancos del Puerto»: el propio Chávarry, Tomás Aladino Gálvez -quien tiene orden de impedimento de salida del país- y Víctor Rodríguez Monteza.
Los magistrados cuestionados perderían su actual mayoría, habría un empate con el voto dirimente de la fiscal de la Nación y las investigaciones del Caso Lava Jato quedarían blindadas o al menos gozarían de una mínima estabilidad de la que han carecido hasta ahora.
Si con el viento en contra, las pesquisas han avanzado como hasta ahora, imaginemos lo que podría pasar sin este obstáculo que son los magistrados cuestionados de la junta de fiscales supremos, jueces y parte que con el mayor descaro no dejan de hacer lo posible para que los corruptos del país se salven de las investigaciones, por ejemplo como ha ocurrido esta semana, pidiendo la remoción de Vela y Pérez. (Raúl Tola)
(Transcripción de Al Vuelo con Raúl Tola de La Mula Reportajes)
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