La Fiscalía de la Nación el máximo órgano del Ministerio Público del país, está «revisando» una nueva prueba que vincularía al presidente Martín Vizcarra con un posible acto de colusión cuando era ministro de Transportes en el Gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
Varios medios peruanos publicaron este miércoles informaciones que señalan que un documento elaborado por la fiscal Zoila Sueno, que investiga actos de corrupción cometidos en la concesión del aeropuerto de Chinchero, en la provincia de Cusco, pasó a la Fiscalía de la Nación para su análisis.
Si la Fiscal de la Nación (fiscal general), Zoraida Ávalos, encuentra suficiente justificación en esas pruebas, podría reabrir, como única instancia legal habilitada para ello, una serie de investigaciones contra el mandatario por este caso que fueron archivadas en 2018.
Las nuevas pruebas contra Vizcarra apuntarían a un «acto de colusión» en favor del Consorcio Kuntur Wasi, quien habría ganado la licitación para las obras del aeropuerto de Chinchero.
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El papel de Vizcarra en este asunto estaría evidenciado por la aparición en un computador incautado por la Fiscalía y que pertenecía al gerente de la concesionaria, José Balta, de un archivo fechado el 10 de marzo de 2017 con una serie de preguntas y posibles respuestas supuestamente para uso del hoy presidente durante un proceso de interpelación parlamentaria que iba a tener lugar el 16 de marzo.
Además, también aparecieron dos proyectos realizados por el Banco de Desarrollo de América Latina-CAF y que fueron ordenados por Vizcarra en calidad de ministro de Transportes para resolver las controversias sobre el proyecto.
Esos informes tienen fecha del 19 y del 21 de octubre de 2016, pero solo fueron formalmente entregados al Estado peruano en noviembre de ese año.
La tesis fiscal apuntaría que Vizcarra y sus colaboradores habrían negociado con Kuntur Wasi una adenda al contrato de concesión que perjudicaría al Estado peruano en beneficio de la empresa.
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El contrato, y la adenda, fueron rotos unilateralmente precisamente por orden de Vizcarra, quien dimitió como ministro apenas tres días después.
La adenda apuntaba a un cambio en la financiación de la obra del aeropuerto, cuyo costo se fijó en 520 millones de dólares, de los que 410 serían cubiertos por el Estado y 109 por el concesionario, que iba a tener la concesión de operación y mantenimiento de la instalación durante 40 años.
Apenas dimitió Vizcarra, el procurador anticorrupción Édgar Alarcón denunció a diez funcionarios públicos por presuntas irregularidades en gestión de estos convenios, que podrían haber significado un perjuicio al Estado de 40,6 millones de dólares.
Opositores a Vizcarra han esgrimido el caso de Chinchero de forma reiterada contra el presidente, como una muestra de hipocresía ante la lucha frontal contra la corrupción que el mandatario ha enarbolado desde que asumió el poder en marzo de 2018.
Uno de los principales enemigos del presidente, el ex fiscal de la Nación Pedro Chávarry, amenazó en reiteradas ocasiones con reabrir el caso Chinchero y acusó a Vizcarra de impedir las investigaciones, sin que en ningún caso llegara a hacerlo.
EFE/ Videos ATV/ Foto Andina