SAO PAULO.- Un año y medio después de ingresar en prisión, Luiz Inácio Lula da Silva sigue moviendo fichas en el complejo tablero judicial y ha depositado sus esperanzas en la Corte Suprema, que este jueves retomará un juicio que, indirectamente, podría conducir a la excarcelación del expresidente brasileño.
El antiguo líder sindical, quien suma dos condenas por corrupción, una de ellas ratificada en tercera instancia, está inmerso en una encrucijada judicial y, tras varias derrotas en los tribunales, mira de reojo los frentes abiertos en la máxima corte del país.
Lula (2003-2010) ya tiene derecho a la libertad condicional, pero la Justicia todavía no ha dado su última palabra sobre el asunto y el expresidente tampoco parece dispuesto a insistir en ello. «No cambio mi dignidad por mi libertad», ha dicho en diversas ocasiones.
El ex jefe de Estado, no obstante, sigue batallando en los tribunales por el reconocimiento de su «inocencia», pues considera que las acusaciones vertidas contra él son falsas.
Corte Suprema de Brasil abre juicio en el que se juega la libertad de Lula
PRISIÓN DESPUÉS DE SEGUNDA INSTANCIA
La Corte Suprema tiene previsto retomar este jueves el análisis de una causa que no está relacionada directamente con el líder del Partido de los Trabajadores, pero que podría beneficiarlo.
El Supremo debe determinar si es constitucional que se cumpla la pena de prisión a partir de una condena de segunda instancia, como ocurrió con Lula y otros miles de reclusos en Brasil.
El propio tribunal ya se pronunció sobre la ejecución anticipada de penas en diversas ocasiones desde 2016, cuando autorizó la prisión después de que una condena sea ratificada en segunda instancia, aun cuando según la ley resten otras dos apelaciones.
Con base en esa decisión, Lula fue encarcelado en abril de 2018 para cumplir una pena de 8 años y 10 meses de prisión después de que la Justicia diera por comprobado que recibió un apartamento a cambio de favores políticos a la constructora OAS.
Hasta ahora, cuatro de los once miembros de la corte se inclinaron por mantener la jurisprudencia adoptada en 2016, al calor de la operación anticorrupción Lava Jato.
A pesar de que el juicio podría beneficiar a Lula, el presidente del tribunal, José Antonio Dias Tóffoli, dejó claro que «lo que se analiza» ahora «no es un caso particular», sino el alcance del principio de la presunción de inocencia.
HÁBEAS CORPUS
Lula tiene un hábeas corpus pendiente de análisis en el Supremo, que ya le ha negado otros anteriormente.
En concreto, este último cuestiona la actuación de Sergio Moro, el juez que lo condenó en primera instancia en el llamado «caso del triplex» y hoy es ministro de Justicia en el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro.
Las dudas sobre la imparcialidad de Moro se intensificaron en los últimos meses desde la divulgación de una serie de mensajes que el exjuez intercambió con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato que llevó a Lula a prisión.
Esas conversaciones, mantenidas vía Telegram y publicadas por el portal The Intercept, sugieren que Moro coordinó, supuestamente de forma ilegal, los trabajos de los fiscales anticorrupción y ponen en duda su imparcialidad al frente de las investigaciones relacionadas con la Lava Jato.
Esa es la tesis defendida por el Partido de los Trabajadores, que sostiene que Lula es víctima de una persecución política y judicial que tiene como objetivo apartarlo del escenario político.
LA OPERACIÓN LAVA JATO, EN TELA DE JUICIO
Cuando la Segunda Sala del Tribunal Supremo anuló el pasado agosto una pena dictada contra el expresidente de la petrolera estatal Petrobras Aldemir Bendine, un rayo de esperanza alcanzó a decenas de condenados en el marco de la operación Lava Jato.
El Supremo consideró entonces que una práctica procedimental usada de forma recurrente en la Lava Jato hirió el derecho a la defensa, pues hubo una inversión del orden en que se presentaron los alegatos de los acusados.
De esa forma, el tribunal, que todavía debe delimitar el alcance de su decisión, puso en tela de juicio muchas de las condenas dictadas en esa vasta operación contra la corrupción.
Ese parecer del Supremo no abre la puerta de la celda de Lula, pero podría poner en duda la segunda condena dictada contra el expresidente (12 años y 1 mes de prisión por corrupción y lavado de dinero en el llamado «caso de Atibaia»).
En caso de que la condena fuera anulada por vicios procesales, el proceso sería juzgado de nuevo en primera instancia.
EFE