En un comunicado, la CIDH condenó el «uso desproporcionado de la fuerza militar y policial» que en el día de hoy ha dejado cinco muertos en Cochabamba y recordó al Estado boliviano que «las armas de fuego deben estar excluidas de los dispositivos utilizados para el control de las protestas sociales».
La Comisión, en ese sentido, expresó «su preocupación por el accionar de las Fuerzas Armadas en las operaciones combinadas realizadas en Bolivia desde el inicio de la semana» y recordó que los estándares Interamericanos establecen que el papel de los militares debe «limitarse al máximo».
Del mismo modo, la CIDH denunció que «el uso indiscriminado de gas lacrimógeno por las fuerzas policiales y militares en Bolivia atenta gravemente contra los estándares jurídicos internacionales».
Recordó, que «el Estado tiene el deber de respetar el derecho humano a la protesta pacífica» y la «obligación de asegurar el derecho a la vida e integridad física de quienes protestan pacíficamente».
Asimismo, expresó «su grave preocupación por las amenazas de autoridades de expulsión, agresiones y uso de gas por parte de la policía contra periodistas que cubren protestas. Las fuerzas de seguridad Bolivia deben abstenerse de agredir y deben facilitar su labor».
A estas consideraciones, la Comisión adjuntó en Twitter videos y fotografías para ilustrar sus denuncias.
La CIDH anunció asimismo que ha instalado una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (SACROI) en Bolivia para identificar las violaciones a los derechos humanos en el país suramericano.
Bolivia vive una nueva fase de su crisis política y social desde que los militares forzaron el pasado domingo la renuncia del hasta entonces presidente, Evo Morales, y han apoyado la formación de un nuevo Ejecutivo encabezado por la opositora Jeanine Áñez.