La Asociación Nacional de Periodistas del Perú advierte sobre la grave situación que aqueja a periodistas y medios en Bolivia desde hace más de cuatro semanas. El país que ya vivía momentos de crispación política desde el día de las elecciones generales (20 de octubre) se ha convertido en un territorio de altísimo riesgo para el ejercicio informativo desde la toma de posesión del autoproclamado gobierno de Jeanine Añez.
Para la ANP es inaceptable que quien se encuentra ocupando el cargo titular en el Ministerio de Comunicación haya amenazado a medios críticos (especialmente enviados especiales de cadenas extranjeras) con acusarlos de “sedición”. El solo hecho de decir que se les tiene identificados y se les aplicará la ley constituye un acto de amedrentamiento e intento de silenciamiento condenable.
Los ataques no son sólo amenazas legales, son también físicas y las mismas provienen de quienes se manifiestan en las calles en las más de cuatro semanas de conflicto que vive el país.
La situación de tensión que inició el domingo 20 de octubre se mantiene de manera continuada y ha tenido su punto más álgido a partir del 10 de noviembre, cuando renunció a la presidencia Evo Morales Ayma y se instaló un gobierno de facto que a la fecha tiene en su haber más de 20 muertos.
En el sector de la comunicación, entre los hechos más graves, tenemos registro de agresiones a periodistas y medios de parte de la fuerza pública y de manifestantes. El 9 de noviembre, el director de la radio comunitaria de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, José Aramayo, sufrió una violenta agresión: fue tomado como rehén y atado a un árbol.
Han sido impactados por proyectiles de gas lacrimógeno Alejandro Camacho, camarógrafo del canal de televisión privado “Red Uno”, Humberto Ayllón, corresponsal del diario “El Deber” y reportero de la radio de la Universidad Privada Latinoamericana (Upal) en Cochabamba y la periodista Teresa Bo, corresponsal argentina del medio Al Jazeera, entre otros.
El camarógrafo de Telefe (Argentina) Lucio Gómez fue agredido mientras realizaba su labor. Este canal decidió evacuar a todo su equipo al no haber garantías para su integridad física. Iguales agresiones han reportado colegas de la cadena RT.
En este contexto, también han sido atacados medios de comunicación, como la agencia de noticias ANF (25 de octubre) que reportó la interrupción de su página de Facebook y bloqueó su cuenta en Twitter (@noticiasfides); el canal privado Unitel -cuya señal fue interrumpida tras el ataque de una turba que usó dinamita para derribar paredes e incendiar los equipos de transmisión del medio, instalados en la ciudad de El Alto- y la toma e incendio de los estudios de radio televisión Mega de la ciudad de Oruro.
La red de televisión estatal, Boliviatv, denunció el asedio a las instalaciones del canal en diferentes puntos del país. En departamentos como en Santa Cruz tuvieron que interrumpir su señal porque no se permitió a los trabajadores del medio realizar su tarea informativa en las calles. En La Paz, un grupo de manifestantes instaló una vigilia en las puertas del edificio central de emisión de Boliviatv y Radio Patria Nueva, exigiendo el corte de emisiones bajo el argumento de que los medios estatales “difunden mentiras”.
Desde la ANP demandamos el cese inmediato de todo tipo de estigmatización, agresión, amenazada u hostigamiento a quienes cumplen con su deber de informar.
La ANP expresa su solidaridad con el pueblo boliviano (que está poniendo los muertos en medio del caos institucional que vive el país), hace un llamado a preservar la seguridad e integridad de quienes realizan trabajo informativo (que son quienes pueden contar la barbarie que viene aconteciendo) y se compromete a permanecer vigilantes junto a la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) y la Federación Internacional de Periodistas para denunciar cualquier intento de mitigar las voces disidentes.
Lima, 19 de noviembre del 2019
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL