La guía de sugerencias, con el objetivo de transformar las cámaras legislativas en lugares más seguros, responde a estudios de la misma UIP que en 2016 y 2018 revelaron que un 80 % de las mujeres en parlamentos han sufrido alguna vez violencia psicológica, y un 20 % acoso sexual (cifra que incluso se eleva al 40 % en Europa).
Una de las peticiones de la UIP es el establecimiento de grupos de trabajo parlamentarios, con participación de hombres y mujeres de todo el espectro político, para liderar la transformación de los poderes legislativos hacia lugares sin violencia de género (algo que, por ejemplo, inició el Parlamento británico en 2017).
Otra recomendación es la de establecer claramente definiciones de acoso y otras malas prácticas en esos lugares de trabajo, que establezcan nítidas prohibiciones y «protejan a los trabajadores del abuso de sus colegas, superiores o incluso fuera del parlamento, por ejemplo a través de internet».
UIP recordó que sus estudios revelaron que sólo un 24 % de los casos de acoso sexual a parlamentarios son denunciados, por lo que también propone mecanismos independientes y confidenciales para que puedan registrarse las quejas, investigarse y sancionarse en caso de que así se considere.
En este sentido, la Unión Interparlamentaria puso como ejemplo medidas que en este sentido se han iniciado ya en la Cámara de Diputados de Chile, y otra buena práctica se da en la Asamblea Nacional de Corea del Sur, donde en 2018 se creó una oficina de asesoramiento para víctimas de acoso sexual.