BUENOS AIRES.- El expresidente argentino Carlos Menem (1989-1999) se sentará a partir de este jueves en el banquillo de los acusados en el juicio por presunto encubrimiento por el atentado contra la sede de la mutualista judía AMIA en Buenos Aires, que dejó 85 muertos y centenares de heridos en 1994.
Junto a Menem está imputado también el primer juez de la causa AMIA, Juan José Galeano, destituido en 2005 por «mal desempeño», el extitular de los servicios de inteligencia Hugo Anzorreguy y otros 11 acusados, entre ellos exfiscales, excomisarios y abogados.
El Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires deberá juzgar el presunto soborno de 400.000 dólares al abogado Carlos Telleldín para incriminar a policías bonaerenses y el encubrimiento de la llamada «pista siria», que ligaba a empresarios de ese origen allegados a la entonces familia presidencial de Menem.
Menem, Anzorreguey, el excomisario de la Policía Federal Jorge Palacios y dos subordinados están acusados de encubrimiento, abuso de autoridad y falsedad ideológica, y el juez Galeano enfrenta además el cargo de prevaricato.
Entre las irregularidades detectadas en la etapa de instrucción figura la «pérdida» de unas 60 cintas con escuchas telefónicas de los servicios secretos argentinos a presuntos integrantes de la conexión local que cooperó con los terroristas.
Los intentos de Menem para evitar su presencia en el tribunal por motivos de salud fueron desestimados.
La justicia prohibió también salir del país el mes pasado al actual senador y expresidente argentino, condenado en 2013 a 7 años de cárcel por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
Se trata de un proceso paralelo a la investigación por la responsabilidad del atentado, abierto por la Justicia tras considerar que el gobierno de Menem y Galeano buscaron «encontrar culpables a cualquier precio».
Con unos 140 testigos previstos, entre ellos la presidenta argentina, Cristina Fernández, se calcula que el juicio se prolongará más de un año.
La causa principal que busca esclarecer la autoría del atentado contra la AMIA tomó un nuevo impulso bajo la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), cuando se creó una comisión de investigación que quedó a cargo del fallecido fiscal Alberto Nisman.
En 2006, Nisman acusó a Irán de ser autor intelectual del atentado y a la agrupación Hizbulá de ejecutarlo.
Un año después, el fiscal también pidió la detención y procesamiento de Menem, Galeano y Anzorreguy por presunto encubrimiento de la investigación.
Un cable filtrado por Wikileaks en 2011 mostró, además, que Estados Unidos presionó a Nisman para que se alejara de las pesquisas en torno al Ejecutivo menemista y se enfocara hacia los presuntos autores iraníes del ataque.
La investigación sobre la conexión local se reabrió en 2009, por una orden de la Corte Suprema bajo el primer mandato de Cristina Fernández.
Cuatro años después, la polémica se reanudó tras la decisión de Fernández de firmar un memorándum de entendimiento con Irán, cuya constitucionalidad todavía no fue resuelta por la justicia argentina.
El pasado enero, y basándose en el memorándum, Nisman denunció a la presidenta por presunto encubrimiento de los autores iraníes del atentado.
El fiscal fue encontrado muerto en su vivienda con un disparo en la cabeza, en circunstancias aún sin aclarar, el pasado 18 de enero, cuatro días después de presentar la denuncia contra la mandataria.
El atentado contra la AMIA fue el segundo contra sedes judías en Argentina, tras el perpetrado contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, también atribuido a Hizbulá, en el que murieron 29 personas en 1992.
Pese a los años de investigación, el Estado argentino ha sido incapaz de resolver el mayor ataque contra la comunidad judía perpetrado desde la II Guerra Mundial. EFE
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