La reciente investigación fiscal que involucra a una veintena de militares del Ejército Peruano, entre ellos a cuatro generales, por el robo sistemático de combustible entre los años 2013 y 2018, pone sobre el tapete un caso de corrupción al interior de una institución tutelar del Estado que, por diversos motivos se mantuvo oculto durante años tal como ocurre con las otras instituciones tutelares, es decir la Fuerza Aérea del Perú y la Marina de Guerra.
A diferencia de la Policía Nacional, los institutos armados se mantienen casi inexpugnables ante el ojo periodístico porque son entidades que, por lo general, no tienen mayor contacto con la sociedad civil y sus integrantes cumplen a pie juntillas las órdenes de arriba, de no alternar con la prensa. Solo es posible acceder a ellos cuando el periodista recibe información de alguien que fue maltratado por los involucrados en un caso de corrupción.
En efecto, cuando un periodista quiere obtener información de algo turbio en cualquiera de las tres fuerzas armadas, sus voceros lo reciben con el ceño súper fruncido en tanto espetan: ”no estoy autorizado a dar información”. Y así, sucesivamente, al periodista se lo va derivando hacia uno y otro funcionario uniformado que no suelta prenda de nada. Finalmente, el hombre de prensa termina cansado sin recibir ninguna información.
Del mismo modo, a diferencia de lo que ocurre en la PNP, ingresar a un cuartel o una base militar es más difícil que llegar a la luna. Son instituciones muy cerradas que, en la mayoría de los casos, lavan sus trapos sucios en casa. Y muchos de esos trapos no son lavados, sino, simplemente ocultados o desaparecidos.
Instituciones cerradas
Pero, que hay muchos casos de corrupción, pues los hay, pero ellos han implementado un sistema que les permite “limpiar” a los oficiales corruptos o sancionarlos con medidas demasiado blandas. Por ejemplo, dada la amistad o estrecha relación que existe entre un alto oficial y sus pares que laboran en la Inspectoría, pues los casos de corrupción solo quedan en leves llamadas de atención, gracias, también, al bendito “espíritu de cuerpo”.
El autor de esta nota fue testigo, hace algunos años, que Inspectoría Regional del norte, poco o nada fue lo que hizo contra un general, jefe de una brigada de caballería de esa jurisdicción sobre quien recaía una documentada responsabilidad por el hurto de toneladas de madera (pino oregón) de lo que antes fue el distrito de Lobitos (Talara, Piura).
Hoy, pareciera que soplan nuevos vientos en temas contra la corrupción, pues el Ministerio Público ha incursionado, con sus investigaciones y sus casi 70 fiscales y 400 policías, en parte del sistema de una de las instituciones más cerradas del sector militar. Como nunca había ocurrido, los cuatro generales y casi veinte oficiales del Ejército, se encuentran detenidos preliminarmente por diez días en tanto continúan las investigaciones por el robo de combustible que, según los primeros estimados, alcanzaría a la cifra nada desdeñable de tres millones y medios de soles. Pero, esta puede aumentar.
Los fiscales, tras el allanamiento de 25 escuelas de formación y capacitación y especialización del Ejército, así como viviendas y otras instalaciones, han incautado esclarecedores documentos y teléfonos celulares que permitirá determinar qué papel jugaba cada uno de los detenidos en el robo de petróleo diésel del grifo o servicentro del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Coede) y de su par del Fuerte Rímac, donde los mafiosos utilizaban varias minivan acondicionadas como cisternas para hurtar el combustible que luego vendían en grifos privados.
Vale la pena manifestar aquí, que las adquisiciones militares deben ser más transparentes como se hace con cualquier entidad del Estado que está obligada a colgar sus procesos de compra o contrataciones en el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado (Seace), Evitemos las compras “secretas” bajo el pretexto de que tienen que ver con la seguridad nacional.
Alfredo Alava Merino/ Foto Crédito La República