El 2019 ha sido un año de profundas paradojas. A la par del marcado protagonismo del periodismo de investigación las/os periodistas han confrontado -en la calle y en las redes- claros intentos de silenciarlos/as. Ha sido un año de revalorización del sentido del periodismo entre la gente y de arremetida osada de grupos de poder político, económico y religioso.
Un mosaico-retrato de este año tendría los rostros del equipo de IDL Reporteros, Paola Ugaz y de los/as periodistas de provincias a quienes hay que citar con nombre y apellido y sobre quienes nos toca poner reflectores. La profunda orfandad en que les toca enfrentar agresiones, querellas y amenazas está profundamente vinculada a la precarización laboral en que se ejerce el periodismo allí donde es más vocación que medio para ganarse la vida. Las condiciones laborales de las/os periodistas son un componente de seguridad. ¿Qué periodista está en capacidad económica de enfrentar un proceso judicial? El factor económico se vuelve inhibidor. No hay empresa detrás que asuma defensa legal. Sólo el gremio se convierte en soporte en situaciones desoladoras. No debemos seguir normalizando el hecho de que a un corresponsal en regiones se le siga vinculando al medio con el eufemismo de “colaborador” o “proveedor de contenidos”.
FIP: 49 trabajadores y trabajadoras de medios de comunicación fueron asesinados en 2019
Si bien la agresión física y el ataque verbal ha sido prevalente este 2019, las querellas siguen en curva ascendente, reafirmando la tendencia de la última década. Y no es solo la posibilidad de cárcel efectiva son también reparaciones civiles millonarias que se traducirían en ruina económica y extinción de medios. La exigencia de 100 millones de dólares a los periodistas Edmundo Cruz y Oscar Castilla de Ojo Público (ya desestimada) o la de un millón de soles al Diario La República, evidencian el espíritu de los querellantes.
El sesgado debate de un texto de ley sobre asignación de publicidad oficial fue uno de los focos de los medios regionales este año. La salida al problema de distribución -que el problema existe- no es centrar la contratación en las denominadas centrales de medios que operan en su mayoría desde la capital de la República. El modelo se vuelve inaplicable en las zonas más apartadas del país donde la publicidad estatal suele ser la principal fuente de subsistencia de espacios periodísticos concesionados y pequeños medios.
El persistente conflicto social, especialmente en el sur del país y en Lima, ha evidenciado el nivel de vulnerabilidad que tienen colegas al momento de cubrir este tipo de sucesos. Estigmatización de parte de manifestaciones y actitud hostil de efectivos policiales. Agresiones físicas, trabas en la cobertura, no son ni deberían ser asumidos como gajes del oficio. Las agresiones van de menos a más y si toleramos un manotazo en la cámara o un empujón de quienes resguardan el orden la historia puede desembocar en balas de goma al rostro y pérdida de visión, como ha sucedido en años anteriores.
El ciberacoso ha sido un escollo más -especialmente- para mujeres periodistas. Un terreno con confusa regulación y con plataformas como Facebook que tienen el control para subir o bajar el dedo a un troll. Un espacio fértil para el asedio personal y familiar.
Ha sido un año enrevesado, pero en el que la ciudadanía ha puesto en valor la necesidad del periodismo que investiga, revela y se rebela. Hacer periodismo es dar pelea contra poderes que prefieren el silencio. La factura que hay que pagar es alta: asesinato, agresión física, hostigamiento, acoso, descrédito e incluso ruina económica. El único bálsamo es la solidaridad que podemos y debemos prodigarnos sin mezquindades (Zuliana Lainez).