El Tribunal Constitucional desestimó la demanda competencial que presentó la Comisión Permanente presidida por Pedro Olaechea Álvarez-Calderón y, en consecuencia, declaró infundada la solicitud que pretendía declarar Inconstitucional la disolución del Congreso de la República. Se puso término, así, a un proceso que despertó las expectativas de una mayoría ciudadana, que observaba con preocupación el desastroso comportamiento de una representación parlamentaria que, durante varios años, dedicó su tiempo a obstruir la gobernabilidad con una serie de actitudes cargadas de mañoserías, con frecuencia seudo fiscalizadoras, lanzar vituperios contra el Jefe de Estado, llenos de perversidad, a tal punto que lejos de dañar al Poder Ejecutivo, terminaron creando una figura repudiable de la representación congresal.
Fueron prácticamente tres horas de intenso debate, que puso a prueba a los siete miembros que integran el Tribunal Constitucional, debate que por primera vez tuvo carácter de audiencia pública, por iniciativa de la presidenta de dicho colegiado doctora Marianella Ledesma. De esta manera, no se realizó la confrontación jurídica a puertas cerradas, tal como se venía acostumbrando, sino más bien a la luz de quienes necesitaban conocer la postura de los magistrados. El resultado obtenido honra no solamente a la presidenta, sino también a los magistrados Carlos Ramos, Manuel Miranda y Eloy Espinosa-Saldaña, los mismos que resolvieron por mayoría enviar al basurero de la historia, la equivocada demanda de Olaechea-Álvarez Calderón. Emitieron su voto en el marco de una serena y equilibrada interpretación del Derecho Constitucional. Personajes como Bartra, Becerril, Galarreta, entre otros impresentables, que formaron parte del fenecido Congreso, ya no tienen ahora nada que reclamar. El máximo organismo de interpretación constitucional ha sellado la lápida de su deceso político.
La exposición del magistrado Carlos Ramos, significó una lección de derecho constitucional. En ese cometido explicó que había que resolver una denegación de carácter material, una denegación elocuente, cierta, real, vista por toda la ciudadanía nacional. Subrayó que, de esa manera, se denegó en la práctica al ex presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, la cuestión de confianza, cuando acudió al Parlamento el 30 de setiembre del 2019. Es decir, no se dio la confianza. Lo ocurrido, posteriormente, en esa sesión plenaria, cuando el Congreso presidido por Olaechea Álvarez-Calderón, hizo la finta de dar la confianza, no pasó de ser una vulgar maniobra para evitar lo que racionalmente y con algo de inteligencia, tenía que producirse: la disolución del ahora exCongreso.
Lo ocurrido con el exCongreso es de desear que nunca más se repita. En este sentido, valga la oportunidad, para que aquellos que alguna vez lleguen a ostentar la representación parlamentaria, tengan presente que dicho mandato los obliga a trabajar por el bien del pueblo. No a favor de intereses egoístas, excluyentes, marginadores. El deber consiste en tomar con seriedad la labor legislativa en toda su dimensión, que significa en líneas generales, contribuir a la solución de la deuda social que se tiene con las grandes mayorías, aquellas que están olvidadas, que los llama a desarrollar una actuación que logre una relación entre equidad y desarrollo, por tratarse de una cuestión que envuelve propiedad de recursos y poder, mejorar la distribución del ingreso, examinar el camino del éxito como lo hicieron otros más allá de nuestras fronteras y en otros continentes, determinando estrategias y políticas identificadas con la realidad del Perú.
Por lo demás, a estas alturas de la vida política del país, se podía recordar a Manuel García Pelayo, aquel jurista y politólogo español, quien a finales del siglo pasado sostuvo que la Constitución es un complejo normativo, establecido de una sola vez y en el que una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. Así lo ha hecho el Tribunal Constitucional presidido por la doctora Marianella Ledesma, aunque piensen distinto los señores Ernesto Blume, Augusto Ferrero y José Luis Sardón, quienes forman parte de una generación que no tiene vigencia en el Perú de hoy.