ASUNCIÓN (Paraguay).- La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este lunes por unanimidad la versión del proyecto de ley de financiamiento político remitida por el Senado, con la que se pretende controlar los fondos de las campañas políticas para las elecciones internas de los partidos.
La versión del Senado recuperó la semana pasada el espíritu de la redacción inicial presentada por la proyectista, la diputada Rocío Vallejo, del partido Patria Querida, que había sido modificada en su primer tratamiento en la Cámara Alta por el oficialismo, que es mayoría en Diputados.
El proyecto de ley aprobado este lunes en Diputados vigilará los fondos empleados por los postulantes para financiar las campañas políticas y obligará a los candidatos por cada partido político a rendir cuentas de esos fondos, ya sea en las campañas nacionales o en las internas de cada formación.
La versión del Senado también recupera el papel de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) como supervisor de esos fondos.
A pesar de que la bancada oficialista del gobernante Partido Colorado se opuso en la Cámara de Diputados al proyecto inicial de Vallejo, en la sesión de este lunes dieron su apoyo a las modificaciones del Senado, presentadas por el senador Stephan Rasmussen, también de Patria Querida.
Los colorados expresaron en esta ocasión que la nueva redacción, al contrario que la anterior, sí era aplicable, ya que en esta se eliminaba el requisito de la apertura de una cuenta bancaria para cada candidato.
Tras la votación, la proyectista Vallejo publicó un tuit en el que se felicitaba por la aprobación «por unanimidad» de la ley de financiamiento político, que pasa ya al Ejecutivo.
La sesión fue seguida desde el exterior por integrantes de la Comisión de Escrache Ciudadano, un grupo de ciudadanos autoconvocados que desde que comenzó la legislatura, en julio del 2018, ha presionado a diversos políticos involucrados en prácticas corruptas y ha logrado que algunos de ellos fueran expulsados del Parlamento.
La sanción o el veto de la ley dependen ahora del presidente, Mario Abdo Benítez.
La idea inicial es que esta normativa se ponga en marcha para las elecciones municipales de noviembre de este año.
Para que eso ocurra la ley debe ser sancionada, y por tanto pasar por el Senado y el Ejecutivo, antes del 7 de marzo, según los plazos del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
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