Un comando compuesto por personal de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Ministerio de Salud (Minsa) y Seguro Social de Salud (Essalud) se encargará del manejo los fallecidos o sospechosos de haber muerto por el COVID-19, informó el ministro de Defensa, Walter Martos Ruiz.
“Para agilizar este asunto a escala nacional, conversamos con el ministro de Salud [Víctor Zamora] y ya dio la disposición el presidente de la República [Martín Vizcarra]”, declaró.
Tú eres parte fundamental para combatir el #COVID19 en nuestro país; por eso, este jueves 9 y viernes 10 de abril cumple la inmovilización social obligatoria que regirá para todos durante todo el día a nivel nacional.
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Así, explicó, “se conformó un comando de fallecidos, que está viendo los procedimientos y protocolos dentro del marco legal que corresponde, para todo el proceso y flujo de recojo y entierro de cadáveres”.
Directiva
El manejo de cadáveres vinculados al covid-19 se determinó en la Directiva Sanitaria 087-Minsa/2020/Digesa, aprobada mediante Resolución Ministerial 100-2020-Minsa, del 22 de marzo de 2020.
La disposición establece que el recojo y traslado de cadáveres de un lugar distinto al establecimiento de salud es de responsabilidad de la autoridad sanitaria de la jurisdicción.
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De ser superada su capacidad operativa, la labor se ejecutará con apoyo de la Policía Nacional y, ante la imposibilidad de esta última, podrán realizar esa ayuda las Fuerzas Armadas.
Martos indicó que el comando trabaja en la formación de equipos de recojo de cadáveres a escala nacional, que estarán integrados por un médico, auxiliares, un vehículo del Ministerio de Salud o uno particular.
Sostuvo que, si no se cuenta con esas unidades vehiculares, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas pueden realizar el transporte del cuerpo.
El ministro mencionó que en este procedimiento es necesaria la participación de un representante del Ministerio Público.
La directiva establece que la autoridad policial debe poner en conocimiento del representante del Ministerio Público de la existencia de un cadáver en un domicilio o en la vía pública, o lugar distinto al establecimiento de salud, para que, junto con el representante de la autoridad sanitaria de la jurisdicción, determinen a quién le corresponde intervenir.
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La Fiscalía entra en acción cuando se evidencia un acto criminal en el cadáver, en cuyo caso dispone y autoriza la necropsia de ley.
Medidas
Sobre quienes insisten en desacatar la inmovilización social obligatoria, Martos informó que se está evaluando tomar medidas más severas dentro de la ley.
“Hemos tenido reuniones con el ministro del Interior y con representantes de la Fiscalía y Poder Judicial para ver, dentro del marco legal, medidas más duras para la gente que no toma conciencia”, subrayó.
Foto Andina