WASHINGTON.- La Casa Blanca y el Departamento de Justicia de EEUU han mantenido un intenso debate interno para determinar a dónde trasladarán a algunos de los detenidos de la cárcel de la Base Naval de Guantánamo (Cuba) una vez se cierre el penal, informó hoy «The Washington Post»,
Según fuentes oficiales consultadas por el diario, el Departamento de Justicia declinó la posibilidad de que la prisión federal de máxima seguridad de Thomson (Illinois) pueda ser una opción para enviar a algunos de los presos de la cárcel que no reciban el visto bueno para ser repatriados.
El Gobierno Federal adquirió la prisión el 2012, de manos del Gobierno del estado de Illinois, pero con la salvedad de no recibir internos de Guantánamo, algo a lo que el entonces fiscal general, Eric Holder, se comprometió personalmente en una audiencia del Senado.
La Casa Blanca ha asegurado que está ultimando un plan, que presentará al Congreso, para cerrar definitivamente el penal de Guantánamo, un limbo legal creado el 2002 para trasladar a sospechosos de terrorismo islamista que el presidente de EEUU, Barack Obama, prometió cerrar nada más llegar al poder en 2009.
Al descartar la posibilidad de realizar transferencias de presos a la cárcel de Thomson, la Casa Blanca contempla la posibilidad de utilizar las instalaciones de una base naval en Charleston (Carolina del Sur).
No obstante, el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham, una de las voces más autorizadas en asuntos militares y de relaciones exteriores, se ha opuesto a esa posibilidad por tratarse de unas instalaciones cerca de población e infraestructuras vitales.
De los 116 detenidos que están internos en la base naval estadounidense en territorio cubano, 52 han recibido el visto bueno para ser liberados condicionalmente, mientras que el problema reside en los 64 restantes.
En el caso de que se cierre finalmente la prisión de Guantánamo, en ese último grupo deberá determinarse quién debe ser procesado en tribunales militares o quién seguirá bajo custodia estadounidense sin juicio bajo las leyes de guerra (una opción que se contempla para aquellos que podrían quedar en libertad por haber confesado bajo tortura, pero se siguen considerando peligrosos).
El Gobierno de Obama se enfrenta a la difícil tarea de convencer también al Congreso, dominado por la oposición republicana, que ha mostrado su oposición a que se traiga a territorio estadounidenses a terroristas que han sido acusados, entre otras cosas, de formar parte del plan de los atentados del 11 de septiembre del 2001 contra EEUU.