El presidente Martín Vizcarra dijo hoy que en 48 horas se espera llegar a un acuerdo con las clínicas privadas para la atención de pacientes afectados por la COVID-19 con una tarifa razonable asumida por el Gobierno, pero de no ser el caso se invocaría el artículo 70 de la Constitución Política.
El constitucionalista Omar Cairo explicó que el mecanismo de expropiación establecido en el artículo 70 de la Carta Magna consiste en que el presidente de la República presente un proyecto de ley al Congreso, en el cual se disponga que las clínicas pasen a ser propiedad del Estado.
El procedimiento contempla que la iniciativa legal sea derivada para su discusión a una comisión del Parlamento.
No obstante, eventualmente podría ser exonerada del trámite en comisión para pasar directamente al Pleno del Congreso para su aprobación y posterior promulgación.
Una vez que se apruebe la ley, el Estado deberá pagar una indemnización justipreciada a los dueños de las clínicas para que pueda acceder a la propiedad de estos centros.
Presidente @MartinVizcarraC: Nosotros asumiremos el costo de atención de contagiados de COVID-19 en las clínicas privadas, pero a un precio justo. Nos hemos reunido con estas clínicas y esperamos lograr a un acuerdo, dentro del lapso de 48 horas. pic.twitter.com/XLlm8JW4Yp
— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) June 24, 2020
El artículo 70 de la Constitución señala que: «el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el Poder Judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio».
Tarifas adecuadas
En conferencia de prensa, el jefe de Estado señaló que se busca establecer una tarifa adecuada para los pacientes con diagnóstico de COVID-19 que no pueden ser atendidos en los establecimientos públicos y deben acudir a la salud privada, pero a la fecha no se ha alcanzado un acuerdo con las clínicas.
«Se ha hecho la oferta y contraoferta y estamos en este plan demasiado tiempo. Estamos en esta situación ya llegando al límite», indicó tras lamentar los casos de personas a las que algunas clínicas han cobrado tarifas extremadamente altas. (Andina)