El procurador anticorrupción, Amado Enco, sostuvo que impedir que personas investigadas por corrupción lleguen al Congreso debería ser una política de Estado, y señaló que el Parlamento debe recuperar su rol de órgano coadyuvante en la lucha contra dicho delito.
“La Procuraduría Anticorrupción apuesta por una política de Estado que impida que al Congreso lleguen personas investigadas por casos de corrupción y otros delitos graves, como lavado de activos, tráfico de drogas, crimen organizado, extorsión, contra la libertad sexual”, indicó.
“Si tienen sentencias condenatorias, la prohibición debe extenderse por todo delito doloso, independientemente de si la pena fue efectiva o suspendida”, señaló a la Agencia Andina.
Inmunidad parlamentaria
Según advirtió, los congresistas han convertido la inmunidad parlamentaria en un mecanismo de impunidad, de sustracción de la justicia y de obstaculización a las labores de investigación del Ministerio Público.
“La inmunidad parlamentaria debe recuperar su esencia de garantía constitucional frente a cualquier amenaza que atente contra las labores de fiscalización que por mandato constitucional le asiste a dicho poder del Estado”, refirió.
Congreso: Solicitan reconsiderar votación sobre eliminación de inmunidad parlamentaria
Por tanto, subrayó, las propuestas de lucha anticorrupción en el Congreso deben ir más allá de la posible eliminación de esta prerrogativa.
“El Congreso debe recuperar su rol de órgano coadyuvante en la lucha contra la corrupción”, puntualizó el procurador anticorrupción.
Cuarentena focalizada
En otro momento, Enco subrayó que la Procuraduría redoblará esfuerzos durante la etapa de cuarentena focalizada que inició el país en la última semana.
“No descansamos, las investigaciones y diligencias se incrementan día a día. Estamos atentos a cualquier evento sospechoso de corrupción para interponer las denuncias correspondientes. Seguimos participando en diligencias tanto virtuales como presenciales”, mencionó.
Internamente, dijo, están actualizando información de los aproximadamente 43,000 casos que tienen a nivel nacional, preparando una serie de medidas a ser interpuestas en cuanto el sistema de justicia reabra completamente su atención.
ANDINA