El ministro de Justicia, Fernando Castañeda, adelantó esta noche que el Poder Ejecutivo observaría “sin duda alguna” una iniciativa que proponga la eliminación de la figura del antejuicio constitucional para funcionarios públicos, incluyendo al jefe del Estado.
Indicó que una propuesta de este tipo sería observada en el Ejecutivo toda vez que una norma así “viola los criterios y principios elementales que el Tribunal Constitucional ha establecido”.
El foco de la discusión es la inmunidad parlamentaria; no hay que establecer factores de distracción, enfatizó, entrevistado en ‘Punto Final’ de Latina Televisión.
“Una cosa es reflexionar sobre la inmunidad parlamentaria, que es un debate antiguo, y otra es que, como consecuencia de un llamado respetuoso y democrático del presidente de la República, se esté planteando ahora algo que no se ha discutido”, comentó Castañeda.
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Promesa de campaña
Recordó que la eliminación de la inmunidad parlamentaria fue, incluso, promesa de campaña electoral de diversas agrupaciones políticas hoy representadas en el Congreso y que la exhortación del jefe del Estado para reconsiderar la votación sobre este tema recoge la sensibilidad ciudadana.
Este tipo de iniciativas necesitan una difusión en profundidad, añadió el ministro: “No se pueden plantear como un as bajo la manga o como parte de un cálculo político”.
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Añadió que, en el pasado reciente, la figura de la inviolabilidad del Presidente de la República – que representa a la Nación y al Estado y es jefe supremo de las Fuerzas Armadas– no ha generado ningún problema para juzgar a quienes han ocupado este alto cargo.
“Creo que se están confundiendo las cosas y por eso es que hay que hacer un llamado a la madurez y a la prudencia y a la representación nacional. Esto tiene que ser, primero, planteado debidamente; y, segundo, sustentado y debatido en profundidad, no en el actual contexto”, recalcó.
Lucha anticorrupción
El ministro se refirió también a la propuesta para impedir la postulación al Congreso de personas con sentencia en primera instancia y dijo que todos los peruanos están de acuerdo en que un sentenciado por delito doloso no puede ejercer la función parlamentaria.
“Allí hay que ser claros: para la gran mayoría de peruanos es llamativo que todavía estemos en duda acerca de cuál es el perfil de alguien que representa los altos intereses del Congreso de la República”, sentenció.
Si queremos avanzar y ser serios en la lucha contra la corrupción, no podemos permitir que personas que tienen una sentencia dictada por una autoridad autónoma e independiente, como un magistrado del Poder Judicial, puedan ocupar un cargo en el Parlamento, añadió Castañeda.
ANDINA